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Enrique López Veiga

Enrique César López Veiga

Exconselleiro de Pesca

El respeto a los tratados internacionales

La agresión Noruega, si se produce, exige dar protección diplomática a la flota y otras acciones de retorsión

España es un país exquisito en el respeto a los tratados internacionales, tan exquisito que seguimos reconociendo la validez jurídica de un tratado tan oprobioso para nosotros como el Tratado de Utrecht por el cual cedimos Gibraltar al Reino Unido. Además, siempre seguimos los cauces jurídicos internacionales incluso para resolver, o más bien intentar resolver, los excesos que se producen, como por ejemplo la ocupación ilegal del istmo de Gibraltar. Lo mismo vale para el Sahara Occidental en el que España se atiene a las resoluciones de las Naciones Unidas al respecto y así debe de ser, le pese a quien le pese. En este sentido somos ejemplares en el respeto al derecho internacional y no lo dudemos. Pero llega un momento en que la ejemplaridad tiene un límite, salvo que deseemos que se nos trate internacionalmente sin respeto y como tontos sin voluntad de reacción ante las violaciones del derecho internacional por parte de otros. Otros muchos países de los que se consideran líderes de la democracia y el bienestar económico no se comportan como España: en cuanto se propone resolver los contenciosos en tribunales internacionales, declaran que ellos no se someten a estos. Lo hemos visto reiteradamente en el mundo de la pesca y ello da para muchos más artículos pero que hoy no vienen en aras de ir al grano. Además si existe una discrepancia jurídica sobre el alcance de un tratado primero se discute entre los Estados, ya que un apresamiento de un ciudadano como causa de una disputa es pura coacción inaceptable.

En el caso de Noruega, en 1921, este país recibió un regalo internacional sobre la soberanía de las Svalbard en forma de un tratado, el Tratado de París en el que a cada Estado signatario (no la Unión Europea) se le reconoce el derecho a un trato igualitario en materia de pesca y otros recursos naturales incluyendo los mineros (petróleo incluido), con la apostilla de “si ha lugar”: es decir, las medidas de conservación han de demostrarse como necesarias, y esto solo se puede lograr a través del concurso del CIEM (Consejo Internacional para la Exploración del Mar) y deben de aplicarse por igual, Noruega incluida, a todos los países signatarios uno a uno. Recordemos que esto implica que la Unión Europea no puede considerarse como “uno”, sino que ha de representar la suma de los derechos individuales de cada Estado signatario del Tratado de París.

Con sus decisiones estilo ocupación de los Sudetes en 1939, Noruega, con esa chulería de los que se creen los mejores países del mundo, con tintes no exentos de xenofobia y un cierto supremacismo, amenaza con la posibilidad de apresar a los buques pesqueros que infrinjan una norma que ellos se han inventado. Desde luego los noruegos nunca se atreverán a apresar a un buque ruso, porque los rusos muerden mientras que de momento nosotros, los europeos, nos limitamos a ladrar. Esto no puede ser. Europa no puede limitarse a pedir paciencia a los agraviados, sino que debe de defender los derechos que la ley les otorga: los derechos no son negociables y la Comisión y el Consejo, han de tener mucho cuidado en no dar la impresión de que venden o negocian los derechos de sus ciudadanos y no importa el tamaño del colectivo afectado. Si se procede de otra manera la Unión perderá la confianza de los ciudadanos y eso nunca ha de permitirse, no ya por la pesca, sino por hacer todo lo posible para que el europeísmo triunfe y se consolide.

"Europa no puede limitarse a pedir paciencia a los agraviados, sino que debe de defender los derechos que la ley les otorga"

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Pero esa especie de “Marcha Verde” noruega en las Svalbard, no solo exige acción firme de la Unión Europea y sus instituciones, sino que exige una respuesta drástica e inmediata ante la acción de un gobierno “gamberro” (traducción libre del término inglés rogue). España ha de tomar la decisión de otorgar protección diplomática a los ciudadanos afectados: es decir, para que se me entienda, eso implicaría que Noruega no tendría una disputa con un grupo de pescadores sino con el Estado español. Por otra parte, si Noruega apresa ilegalmente a buques españoles la respuesta ha de ser inmediata ordenando la congelación de los activos noruegos en España y prohibiendo la comercialización de los productos procedentes de ese país en todo el territorio español invitando al resto de los países europeos implicados a que hicieran lo mismo. Si alguien nos dice que eso es ilegal le responderíamos que en todo caso sería igual de ilegal que un apresamiento indebido de un pesquero español y que si cesara esta primera acción cesaría la prohibición española. Dejémonos ya de paños calientes y advirtamos inmediatamente a Noruega que hasta aquí hemos llegado. Gobierno y oposición han de ponerse las pilas y actuar cada uno en su ámbito. No es una cuestión de bacalao: es una cuestión de principios salvo que entendamos que está bien que a España se le tome internacionalmente por el pito del sereno. “Obras son amores que no buenas razones”, como dice el refranero español, que es muy sabio. Está visto que ante acciones propias de una república bananera nórdica las notas verbales ya no bastan.

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