El enaltecimiento del franquismo en el País Vasco se castigará con multas de hasta 150.000 euros, según el anteproyecto de ley de Memoria Histórica que apoyan el PNV y el PSE. El objetivo, según parece, es proteger la dignidad de las víctimas, o de los familiares, de la Guerra Civil y de la dictadura de las expresiones ofensivas y vejatorias incluidas en algunos mensajes, manifestaciones públicas, en medios de comunicación y redes sociales.
Compadecerse de la Guerra Civil y, si se puede, reparar el daño, aunque sea algo tarde, se ha convertido en una rutina nacional. No está mal reparar los daños causados por el enfrentamiento bélico que desangró a España en el siglo pasado. Tampoco está de más condenar cualquier tipo de defensa que suponga un ataque grosero contra los valores democráticos.
La dictadura franquista fue un período de la historia de España execrable de distintas intensidades, y en sus primeros años ejerció, además, una dura represión contra los españoles tras una contienda bélica que sumió al país en el atraso y en la pobreza. Igual que ha sucedido y sigue sucediendo en Cuba por culpa del castrismo, con una duración todavía mayor y aún más miseria. O lo que ocurre en Venezuela con Maduro. En ese sentido, cualquier dictadura es parecida, todas son malas y condenables; nuestra memoria histórica más trágica debería servir para comprender como es debido la de los demás.
Problemas de imagen de esta cruzada antifranquista de la memoria son, como sucede en esta ocasión, el escenario elegido y la oportunidad. Es el hecho de que un Gobierno nacionalista, apoyado por los socialistas vascos, se muestre dispuesto a castigar cualquier enaltecimiento del franquismo y sus crímenes en un lugar poblado de víctimas donde mucho más recientemente una banda terrorista se cobró ochocientas vidas y en el que los asesinos y sus cómplices se brindan homenajes un día sí y otro también, aquí y allá, en un pueblo y en otro, sin que el enaltecimiento resulte en su caso condenable.
