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Ignacio López-Chaves Castro opinador

Distribución de los fondos ‘Next Generation’ y competencia

El día 21 de julio de 2020 el Consejo Europeo aprobó el programa Next Generation UE un instrumento temporal de recuperación dotado con 750.000 millones de euros que debe de contribuir a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia del COVID-19. El programa consiste en un paquete de medidas no solo para la recuperación, sino también para la transformación y resiliencia con el que se persigue que los Estados de la UE se preparen mejor para los retos y las oportunidades que aparecerán con las nuevas transiciones económicas y sociales que ya se están produciendo.

La cuantía que recibirá España por los múltiples mecanismos de este programa Next Generation UE (préstamos o subvenciones) alcanzará la cifra de 140.000 millones de euros en un plazo de seis años. Tal cantidad, que supone más del 12,4% del PIB de España del año 2020, constituye una gran ocasión para nuestra nación pero también un riesgo.

No debemos de olvidar que nos encontramos ante ayudas de Estado, un instrumento legítimo de la política económica, pero que es también una de las manifestaciones de intervención pública en la actividad económica y, por tanto, un factor externo a las propias fuerzas del mercado que puede comportar problemas desde el punto de vista de la competencia por su potencial efecto distorsionador de la misma. Por ello le son aplicables a estos fondos las reglas contenidas en los artículos 107 a 109 del TFUE que, aunque se han flexibilizado en el contexto de la crisis generada por el COVID-19, no se han excluido ni eliminado.

Uno de los instrumentos para la aplicación en España de esos fondos europeos es el denominado por el Real Decreto-ley 36/2020 como “Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica” (Perte) que se identifican con las iniciativas de carácter estratégico de gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española y que implican una colaboración público-privada. La selección de los Perte se establece por un sistema altamente centralizado, ya que corresponderá exclusivamente al Consejo de Ministros, que decidirá atendiendo a unos criterios muy amplios fijados en el real decreto-ley, admitiéndose también que se puedan tener en cuenta otros aunque no se hayan previsto legalmente. Se afirma que los Perte no deben distorsionar la competencia efectiva y, al mismo tiempo, deben de ejecutarse de acuerdo con los principios de transparencia, igualdad, no discriminación, concurrencia y publicidad.

El otorgamiento de ayudas públicas debe de estar justificado o en la existencia de un fallo de mercado, que la ayuda trata de corregir, o en un objetivo de interés general

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Sin embargo la posibilidad de intervención en la toma de esa decisión de elementos distintos de los de eficiencia, entendida no solo como eficiencia económica, sino también como social o medioambiental, podrá implicar, por un lado, efectos negativos de falseamiento de la competencia derivados del otorgamiento de esas ayudas públicas en favor de unas determinas empresas y, por otro lado, un perjuicio al principio de unidad de mercado. Como ya señaló la Comisión Nacional de la Competencia, el otorgamiento de ayudas publicas debe de estar justificado o en la existencia de un fallo de mercado, que la ayuda trata de corregir, o en un objetivo de interés general para alcanzar resultados o asignaciones mas equitativos.

Desde luego, si existen en esa declaración de Perte razones de naturaleza política que se apartan del interés general, será evidente una distorsión de la competencia y, por tanto, la existencia de un daño al mercado. Y eso, siempre tiene graves consecuencias. No olvidemos la revisión que de esas ayudas hará la Comisión Europea

Por ello debería de tenerse en cuenta la opinión de comités de expertos para que los Perte no sean una mera decisión política. Asimismo, se debería de escuchar a las Autoridades de Competencia, ya que podrán ser estas las que pueden detectar la existencia de elementos que pueden afectar al funcionamiento competitivo de los mercados teniendo en cuenta que, además, que algunas también tienen competencia para la emisión de informes sobre la posible vulneración de la normativa de unidad de mercado. La simple solicitud a la autoridad de competencia de un informe de impacto sobre la competencia de ese Perte ayudaría a la toma de esas decisiones.

En conclusión, de la elección acertada en la aplicación de estos ayudas públicas que tendremos gracias al programa Next Generation va a depender una parte de nuestro futuro, pero sin adoptar medidas que garanticen la eficiencia de la elección y la ejecución correcta de los proyectos, se perderá una oportunidad que será la causa de un mayor retraso tecnológico e industrial de España en comparación con los países líderes en Europa.

*Presidente de la Comisión Gallega de la Competencia

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