Francamente, hace mucho que han dejado de interesarme los nombramientos de los ministros de Justicia; hasta ahora, los de los últimos años solo me han servido para acumular decepciones, al punto que he llegado a pensar que ese sillón ministerial se reserva para quien es percibido como hombre o mujer junco –no el de Pascal, sino otro no pensante–, flexible, reverente y acomodadizo del que se espera aquiescencia con los mínimos, sin proyectos de calado, sin mayores exigencias ni encumbradas aspiraciones, resignado a naufragar en una deslucida justicia de “ir tirando”. Diríase que los llamados son políticos a quienes acucia más el terciopelo del sillón y la toga con lentejuelas que la verdadera reforma de la Justicia, o mejor, la Reforma, así con mayúscula, como la del siglo XVI, aún a costa, como entonces ocurrió, de un cisma; ya se sabe que este país ha sido siempre renuente a las reformas; nos quedamos fuera de la luterana y la impregnación de la Ilustración fue lenta y de poco calado, y así nos fue y nos sigue yendo, pues hay importantes sectores de nuestra sociedad y de nuestra clase política que aún no han sabido sacudirse el polvo histórico de la dehesa. Y de ahí una derecha cuasitridentina que sigue dando coletazos, incluida la judicial representada por una asociación de tornasoles ultraconservadores.
Cada vez hay más voces que claman por un sistema judicial operativo, capaz de satisfacer las exigencias de una justicia eficaz
Pero no podemos seguir con la política de parcheo con retales y piezas de ocasión, senda –no constitucional– por la que me temo vamos a continuar. Y llevamos años, décadas en este pauperismo. Es evidente que no se aplican medidas que apunten certeramente hacia las causas de las deficiencias del sistema. Llevamos muchos años de retraso y, por eso, hay mucho que hacer, empezando por liberar a los tribunales de las cargas asfixiantes e insostenibles de trabajo que pesan sobre ellos, lo que constituye un mal endémico y que está en relación con la necesidad de un incremento de la plantilla judicial para situarnos en la ratio europea de jueces por número de habitantes. Siendo España uno de los países europeos con niveles muy altos de litigiosidad en el ámbito de la OCDE, estamos por debajo de la media europea de aquella ratio, y aún más lejos si nos comparamos con los países de Common Law y germánicos. Pero cuidado, no se piense que las innovaciones, por más necesarias que sean, deben limitarse al mero incremento por aluvión del número de jueces –cuestión que genera otros problemas adicionales– ni a la mera creación de más tribunales. No, no se arreglan las cosas con solo ese remedio cuantitativo; es preciso coger el toro por los cuernos y abordar la reforma cabal del sistema judicial español, lo que supone afrontar de una vez el diseño de una nueva demarcación territorial, tarea no fácil, pero que hay que acometer de una vez; en este extremo, apenas ha habido alguna intentona torpe y alicorta, pantomima adjudicada a ignaros y promovida desde un Consejo General del Poder Judicial de infausta memoria. Cada vez hay más voces que claman por un sistema judicial operativo, capaz de satisfacer las exigencias de una justicia eficaz, que aporte seguridad, confianza y dé respuesta en un tiempo razonable.
¡Para qué ilusionarse! Lo triste es que los llamados a ocupar el palacete de San Bernardo acepten el cargo a sabiendas de que, puesto que no hay voluntad política ni una solvente inversión presupuestaria, no podrán encarar el desafío de la Reforma. Lo comprendo, ser ministro –en este país– pinta mucho, aunque después emborrone también mucho, tanto que vivimos en la necesidad de un permanente “borrón y cuenta nueva”.
Y es que hoy un ministro de Justicia no debe ya limitarse a sacar adelante algunas leyes. A estas alturas, a nadie se le oculta que la Justicia necesita, no meras reformas, sino, como he dicho, la Reforma, que ha de ser radical, capaz de hendir el escalpelo hasta la raíz. El reto es inmenso, tremendo, y por eso no debe retrasarse más; la dejación padecida durante décadas ha abocado a una situación pantanosa de difícil remedio.
La Justicia actual vive de los estertores de un sistema viejo, caduco, de armazón envejecido, sumido en la arterioesclerosis burocrática, gravemente dañado por un abandono displicente y absolutamente irresponsable, causa de una infraestructura que hoy se revela harto insuficiente y que, por otra parte, se ha querido paliar descaradamente apelando a un voluntarismo judicial. Las alarmas han empezado a sonar; nadie las quiere escuchar.
El reto, como digo, es descomunal, por lo que debe ponerse al frente a quien esté dotado de cualidades hercúleas para la tarea. Es más, tengo para mí que quien sea convocado para desempeñar el cargo, debiera subordinar su aceptación al compromiso serio por parte del Gobierno de contar con la dotación presupuestaria precisa para afrontar la Reforma. Otra cosa, esto es, aceptar el ministerio consciente de que lo que se va a hacer es seguir con una política pobre y vulgar, de simples zurcidos y dos leyes, que es lo que hasta ahora ha acontecido, dice poco de quien consiente, porque no es eso lo que a estas alturas del siglo XXI piden ciudadanos y operadores jurídicos.
Comprendo que la vanidad de ser ministro tira mucho, pero echo de menos el arrojo de un “no” con el que se debe reaccionar ante la propuesta de una política gallinácea, de vuelo corto, inevitablemente implícita en el estado actual de cosas. Lo sé, tamaño coraje ético no abunda. Cada vez que oigo eso de la “vocación de servicio”, o me desternillo de risa o me sube la bilirrubina, depende del día.
