Es casi seguro que las turbulencias que se padecen en los ambientes sanitario, político o judicial lleven a los observadores a calificar de “raros” lo que en otras circunstancias no pasarían de episodios propios de la anormalidad democrática. Por ejemplo, que un Tribunal –el de Xustiza de Galicia– autorice una propuesta de la Xunta para suspender, por razón de salud pública y tiempo limitado, derechos constitucionales. Y que otro, de diferente comunidad, se pronuncie de manera distinta: raro, sí, pero lógico cuando no hay una ley que unifique los criterios.
Quizá exista desacuerdo con llamar “lógico” al ejemplo, pero seguramente no lo habrá al subrayar lo extraño que resulta que alguien denuncie la judicialización de la política y, casi a continuación, acuda a los tribunales, como ha hecho el Gobierno central contra la Lei de Saúde, por ejemplo. Ni que sorprenda que quien recurre a los jueces contra una norma de la Xunta (PP), no lo haga contra otra, balear (PSOE), que es casi una copia literal de la gallega. Parece una partidización de la Justicia, aunque quizá dependa del color del cristal con que se mira.
(O del país donde se viva. Aquí, cuando lo del Prestige, y paralelo al desastre y los daños medioambientales, que fueron hechos objetivos, se formó un escándalo social que duró años acerca de la culpabilidad y/o responsabilidad por lo ocurrido. Se discutieron las causas, se anatemizaron actuaciones de los políticos, se creó una plataforma “protestante” –Nunca Máis– e incluso se abrió después una crisis de gobierno y el cese/dimisión de un poderoso conselleiro. Todo ello –sin negar que aquello, y la reacción inicial del gobierno de Aznar, fue lamentable– estuvo a punto de convertir al Estado en responsable de lo ocurrido.
Lo curioso, o más bien triste, fue que los que clamaban exigiendo reparaciones de todo tipo no llegaron a unificar criterios, la Justicia española con su habitual lentitud emitió su fallo años después y tuvo que ser otro Tribunal, el Supremo del Reino Unido de la Gran Bretaña el que abriese por fin el camino para el pago de una indemnización por lo daños tras el naufragio. Un episodio que aún no está cerrado del todo, que le ha costado a las arcas públicas gallegas y españolas una fortuna y que su devolución, o su compensación, no está en el horizonte.)
Si fuere menester una moraleja, cabría concluir con otra manifestación de sorpresa: que –aparte los perjudicados–, apenas se haya hecho algo útil para evitar no ya la judicialización de la política, sino los reiterados intentos de la gobernanza para politizar a su conveniencia a la Justicia. Lo que ahora mismo destaca es el grosero intento de la coalición PSOE/Podemos, y sus alrededores, para neutralizar al Tribunal Constitucional –e incluso los amagos sobre el de Cuentas, culminados con el bochornoso espectáculo de ver avalado el pago de multas con dinero público a delincuentes (indultados)– en cuanto de incómodo para el Gobierno pudiera surgir. Ahí sí que estaría justificada –en puntos concretos, que excluyen las ideas– la intervención judicial para impedir cacicadas. Lo malo, o lo peor, es constatar que don Alfonso Guerra casi tuvo razón cuando dijo que Montesquieu había muerto; el “casi” responde a que está in artículo mortis. Lo que ha fallecido en España es la igualdad ante la ley.
¿No…?
