No solo los juristas y los expertos en derecho constitucional discuten estos días por el nuevo varapalo de la justicia al Gobierno; se sabe también que dentro del propio Ejecutivo la vicepresidenta cesada, Carmen Calvo, abogaba por declarar el estado de excepción, mientras que el nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se pronunció en contra de él. La declaración de alarma era la opción más rápida para poder confinar a los españoles, con la otra habría que haber convocado antes al Parlamento.
El Gobierno mantiene que de esta manera se salvaron muchas vidas. Nunca se sabrá cuántas, ni siquiera cómo podría haber resultado el balance de la tragedia si se hubiera actuado de manera prudente y respetuosa con los derechos de las personas. Lo que resulta del todo inadmisible es esta enésima reacción de cabreo del Ejecutivo contra los magistrados encargados de pronunciarse sobre la vulneración constitucional. Debemos interpretar que, dada la apretada votación, la decisión no tuvo que ser fácil de tomar y, precisamente, lo único que cabría objetar por parte de cualquier demócrata respetuoso con las leyes es que haya llegado tan tarde, en un momento en que la discusión nos lleva a sin son galgos o podencos.
La democracia es el imperio de la ley y su eficaz funcionamiento se basa, en buena medida, en la división de poderes del Estado, no en que esos poderes vivan una continua discordia por culpa de las agresiones de un Gobierno que se ha extralimitado en restringir libertades, quiero pensar que por precipitación no porque le importe un bledo en qué consisten los derechos fundamentales de los ciudadanos. Decidir de forma apresurada, en medio de una imprevisión latente, que con el confinamiento masivo y sin matices el numero de víctimas iba a ser menor no deja de ser una suposición razonable, pero solo una suposición. Un Gobierno democrático debe intentar actuar escrupulosamente, no abonarse, sin explorar otras vías, a la teoría de que el fin justifica los medios.
