El agravamiento de la crisis extrema de Barreras está a punto de convertir en una bomba de relojería uno de los principales pilares de la economía gallega. El fondo Oaktree, su dueño a través de la sociedad instrumental Cruise Yacht OpCo con sede en Malta, ha puesto esta semana al frente de la atarazana viguesa a la consultora Kroll Bussines, especializada en procesos de liquidación, con la orden de reestructurarla para una quiebra controlada y posterior venta. Vigo y Galicia asisten escandalizadas a lo que está ocurriendo en el mayor astillero privado de España. Pero por extraño que parezca, lo verdaderamente increíble no es que la crisis de Barreras haya acabado con la factoría naval al borde de su desaparición, sino que los responsables públicos con competencias directas en la materia no hayan hecho nada efectivo en todo este tiempo por evitarlo, sabiéndose como se sabía lo que iba a pasar.

El culebrón vivido en Barreras no admite paños calientes. Es lógica la indignación del sector después del esperpento vivido. El amasijo de enjuagues societarios, retuertos legales, alquimia financiera, declaración de intenciones y, cómo no, también de intereses personales, empresariales y políticos, han confluido en esta tan dramática como grotesca situación de la que nunca dejamos de advertir.

Y esos augurios, los peores, se han cumplido. El tiempo ha demostrado los verdaderos intereses de Prothero. Tan verdaderos como lógicos, pues lo suyo iba de acabar su barco, el Evrima, y no de salvar el astillero. Justo lo contrario de lo que en verdad le interesa a Galicia y de lo que los responsables públicos, con la Xunta a la cabeza, pues es la competente en política industrial, tenían que haber exigido garantizar.

Sacar el Evrima de las radas viguesas para ponerlo a buen recaudo en Santander, como ha hecho Prothero, forma parte de esa estrategia de salvar el barco, que no el astillero. Como con anterioridad lo fue hacerse con la propiedad del astillero, para poder así sacar el barco cuando quisiese y desligar la suerte de uno y otro.

Todo esto se sabía en el sector y lo conocían las autoridades, de ahí que lo asombroso no haya sido el final, sino la impunidad con que las administraciones responsables han permitido que ocurriese. La inhibición de la Xunta ha sido y es tan clamorosa como su silencio: el mismo día, el pasado martes, en que FARO desvelaba la destitución de Prothero y el resto del consejo de Barreras, decisión con la que se daba paso a la quiebra controlada del astillero y su posterior venta, esa misma mañana, Prothero junto con directivos del fondo Oaktree y de la consultura Kroll, es decir los máximos responsables de la desfeita y a quien encargan ahora encauzarla, mantenían una reunión con la Xunta sin que se haya hecho público nada de lo allí acordado. Ni siquiera se anunció tal reunión.

Lo asombroso no ha sido el final al que ha llegado Barreras sino la impunidad con que las administraciones responsables han permitido que ocurriese

Lo que sí se sabe es que Prothero y los suyos dejan en Vigo un astillero sin carga alguna de trabajo y con un pasivo de más de 50 millones de euros; que sobre el astillero hay además dos losas multimillonarias con nombres propios, el de Havila Kystruten y el de Naviera Armas; que la primera reclama a Barreras, en un tribunal de Londres, el pago de 36,8 millones por el fracaso en el proyecto de construcción de dos cruceros que quedaron a medio hacer, y que la segunda pagó 28 millones del primer hito de un ferri que nunca se empezó.

Como se sabe también que Prothero y el mil millonario fondo que le dirige ya tienen lo que querían: el barco y el dinero para acabarlo. Eso sí, no en Vigo, probablemente ni siquiera en Santander, sino en Francia donde negocia la construcción de otros dos cruceros para Ritz Carlton, los que falsamente había prometido para Beiramar. Cuanto más lejos mejor, deben pensar. No vaya a ser que a alguien se le ocurra pedirles cuentas.

Si la Xunta ha pecado, y peca, por inacción, el Gobierno central lo hace por colaboración. A través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) se ha dilapidado una ingente cantidad de dinero público financiando no un proyecto estratégico de país, como hubiese sido lógico, sino la construcción de un barco para un fondo de inversión dotado de inmensos recursos financieros. ¿Cabe mayor dislate?

El daño ya está hecho y los tres grandes perjudicados son conocidos: el sector naval español, Galicia y, sobre todo, las empresas auxiliares de la ría de Vigo, una vez más. Pero aún puede ir a peor. Y lo hará si la Xunta no decide tomar cartas en el asunto y, dado que la política industrial figura entre sus competencias, impulsa un plan de reordenación del naval en el que implique a todo el sector y, lógicamente, exija la participación activa del Estado.

Sobre la mesa de las administraciones públicas hay en este momento ingentes cantidades de dinero para financiar apuestas industriales estratégicas y de futuro, reestructuraciones de sectores enteros orientadas hacia la sostenibilidad. Sectores como la automoción o el energético han apostado ya abiertamente por acogerse a esos mil millonarios fondos europeos Next Generation. Lo han hecho a través de los conocidos PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), similares al que ha presentado el naval. ¿De verdad alguien cree que va a haber una ocasión más propicia que esta para, haciendo del problema una oportunidad, afrontar un problema tan acuciante como enquistado y de tanta trascendencia para Galicia?

Pase lo que pase, esta vez no se podrá aducir falta de recursos económicos ni carencia de talento en el sector para afrontar el problema. Esta vez lo que quedará en evidencia es que la falta de coraje político permitió que barco a barco y quiebra a quiebra se escribiese la anunciada y vergonzante crónica del ocaso de una riqueza de Galicia.