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Luis M. Alonso.

sol y sombra

Luis M. Alonso

Restricciones

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado desfavorablemente con respecto a las restricciones impuestas en el primer estado de alarma decretado por el Gobierno. El resultado ha sido por la mínima, seis a cinco, pero los magistrados han decidido que las medidas impuestas tenían tal dureza que solo cabrían en un estado de excepción. Queda por saber ahora si el hecho de haber elegido el primero de los estados, el de alarma, se debe exclusivamente a que con el segundo, el de excepción, la declaración no habría podido producirse al no disponer del aval que el Parlamento tendría que haber aprobado con anterioridad y no a continuación, como sucedió en el caso de España. Otros gobiernos europeos eligieron regirse por leyes especiales y concretas para gestionar la pandemia. Este, sin embargo, optó por el mecanismo que exigía menor reflexión legisladora y rigor parlamentario. Una de las razones por las que se consideraron excesivas las medidas impuestas dentro del ámbito declarado fue la de limitar la circulación de los españoles por el territorio nacional.

La limitación de la actividad económica en esas circunstancias no puede considerarse inconstitucional

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El problema no lo será del todo para el Gobierno, que incurrió desde el primer momento de la crisis en una flagrante imprevisión. No lo será porque solo se tendrá que hacer cargo presumiblemente de resarcir de las multas impuestas por el incumplimiento de las restricciones ilegales que llevaron al confinamiento. El alto tribunal, que estimó el recurso de Vox parcialmente, ha decidido en cambio que la limitación de la actividad económica en esas circunstancias no puede considerarse inconstitucional. Lo contrario habría supuesto una catarata de reclamaciones por parte de las empresas a la Administración. Hubiera sido un auténtico revés para el erario.

La resolución del Tribunal Constitucional en contra de las restricciones impuestas en un estado de alarma que no era el indicado tendría que convertirse ahora en una llamada de atención para las administraciones, que vuelven de nuevo a mostrarse partidarias de los toques de queda y de las limitaciones de movilidad a los ciudadanos en un nuevo recrudecimiento de la pandemia.

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