A la espera de que lo que aparenta “rebelión” de los comuneros gallegos cuyos montes están en zonas costeras no acaben como Padilla, Bravo y Maldonado en Villalar, es de suponer que alguien busque una solución razonable a un conflicto que –según informó FARO– los afectados llaman “confiscación”. Es evidente, y conviene dejarlo claro, que el recuerdo de los líderes que se opusieron a Carlos I –o V, según cómo se cuente– es solo retórico: aquí y ahora no habrá guerra y las batallas políticas, judiciales e incluso puede que ambas, producirán víctimas que conservarán la cabeza. Son los cambios que produce el progreso.

Dicho eso, el fondo de la cuestión sería sencillo de establecer, y como consecuencia relativamente fáciles de resolver los conflictos, si algunos conceptos sobre los que hasta ahora se asentaban las normas de convivencia se mantuvieran sin más adaptación que la exigida por la realidad cotidiana. Pero eso no es así: quien quiera verlo asiste a un proceso de vaciado del espíritu de la Constitución del 78 que realizan quienes nunca estuvieron de acuerdo con ella. Y que, aún siendo minoría muy minoritaria entre los 47 millones de españoles, tienen la llave de las decisiones y agarrados a quienes las toman por sus partes blandas.

Es por eso, y por la extrema situación de debilidad económica que atraviesa el Estado por lo que cualquier modo de aliviarla siquiera un poco se pone en marcha con las bendiciones y hasta el impulso del Consejo de Ministros. Con el Gobierno anterior se empleaba el método –dicen que liberal– del laissez faire, laissez passer, y con este a través de la intervención directa allí donde se pueda obtener un euro. Excepto en las esferas del poder, en las que la idea del ahorro o la búsqueda de recursos adicionales excluye a quienes ocupan esas zonas de privilegio. Y ahí están los sobresueldo, los bonus y las pensiones vitalicias.

En cuanto al caso concreto de los comuneros, se habló de rebelión en un sentido figurado –ma non troppo: su pregunta de qué pasará ahora con el cuidado de sus propiedades “confiscadas”, tiene mucha miga y, según se interprete, puede sonar como un aviso–, pero es una figura, respaldada por normativa legal, que algunos expertos tienen por obsoleta. Los conceptos de no caducidad del derecho de propiedad comunal se discute, como las reivindicaciones que, fundamentadas en él, se han multiplicado, no todas en apariencia pensando en la comunidad. Cierto que es otra cuestión, pero extraña que no se aborde en profundidad.

Expuesto todo lo anterior, procede no olvidar algo que, de forma diferente, está ya en la polémica sobre las leyes de Costas, la de Transición Ecológica y alguna que otra ocurrencia originada en la sobreabundancia de ministerios y la necesidad que tienen de convencer sobre su necesidad. La famosa “incógnita del artículo 18” en una de esas normas acarrea muy importantes perjuicios a factorías, instalaciones diversas que generan empleo y que dependen de que se les autorice o prorrogue la utilización de terrenos. Esa es otra confiscación práctica que ocasionó protestas pero de la que parecen olvidarse hasta los afectados: quizá por la desmemoria inducida que tanto promueven algunos. En lo que respecta a los montes, la Consellería de Medio Ambiente envió un contra/aviso; menos mal que hay alguien despierto a pesar de que la propaganda tiende a inducir el sueño colectivo que les permite ir poco a poco liquidando el espíritu constitucional. Y si alguien cree exagerado decirlo, que mire a su alrededor.

¿No…?