A la espera de que alguien, en el amplio espectro de la vida pública gallega, tenga conciencia bastante como para concretar a la sociedad –a la que, al menos en teoría, sirven todos/as y cada uno/a de ellos/as– no qué pasó en las residencias, pues las cifras son expresivas, sino por qué pasó, quizá no estorbe alguna reflexión. La primera para denunciar, con toda la contundencia posible, el hecho de que, tras frustrarse por motivos no explicados del todo, una comisión de investigación parlamentaria, no se cumplió la promesa alternativa de crear una “de estudio”. O, si se creó, el motivo por el cual sus conclusiones, de haberlas, pasaron de tapadillo.
Tal como están las cosas en ese terreno, y sin que sirva de excusa, y menos de absolución, el hecho de que la vacunación fue en esas instalaciones rápida y eficaz, procede otra observación. En pleno repunte de infecciones, y sin garantías de que la nueva variante del coronavirus –la “delta”, o “india”– no desencadene otra ola, y no solo entre los jóvenes, es del todo exigible aquel informe, estudio o lo que se le quiera llamar, al menos de modo preventivo adicional. De forma especial si hay sospechas de que el maldito COVID-19 se vuelva COVID-21. Porque no hay, aún, seguridad suficientes de que no pueda ser así.
La inquietud, lógica, de una sociedad que aún no pasó del todo el amargo trago de la pandemia, tiende a aumentar por lo que en algunos sectores se ha llamado ya “vacío” de soluciones a problemas que tienen relación directa con cuanto se comenta. Especialmente con las residencias de mayores, cuya patronal viene de “advertir” que tienen un déficit de cuatrocientas/os enfermeras/os. Y eso después de que, se supone, debieran estar encendidas todavía las luces de alarma, ya que el “bicho” ni ha muerto ni se bate en retirada. Y ese déficit, o vacío, forma parte de lo que algunos podrían llamar “misterio”: quizá no se quedasen cortos.
En este punto procede, al menos desde la opinión particular, una observación acerca de la escasez de personal que se denuncia. Que es cierta, pero tiene sobre todo un motivo económico: quienes hacen falta aquí están fuera –sobre todo de España– porque allí pagan más. Y ese es un motivo razonable y “humano” en el más amplio sentido de la palabra. Lo que debería entenderlo mejor que nadie, y resolverlo, la patronal, que controla los salarios y se beneficia de los convenios con el Sergas. Por cierto: se supone que actualizados, después de amagar con marcharse, los empresarios de la sanidad, si no se les pagaba más.
Es posible que los puntos de vista que se dejan expuestos puedan discutirse. Pero por encima de criterios mejores o peores, hay una realidad: que la situación de las residencias sigue sin estar del todo clara, la pandemia –aún con las vacunas– todavía no ha dejado de ser un problema que añade fallecimientos y peligro, con o sin vacunas aunque estas lo reduzcan. Por lo tanto no es tiempo para quejarse desde la patronal, ni para más declaraciones voluntaristas –que en eso se quedan algunas de la administración– ni de protestas de los que, fuera del poder, hacen lo mismo que aquello que incumplen cuando llegan a él. Salvo regar el país, como ahora, de “ayudas” que son pan para hoy y hambre para un mañana en que han de vivir –y pagar las deudas– sus hijos y sus nietos. Por eso no hay que hablar de vacíos: hay que llenarlos.
¿O no…?
