Desde el respeto más absoluto a la institución Valedor do Pobo y a su titular actual la señora Fernández Galiño –que acaba de presentar su informe ante la comisión correspondiente del Parlamento gallego,– es posible que no pocos de los que le hayan prestado atención siquiera a modo de resumen, mantengan dudas. Cierto que no serían nuevas y que probablemente quienes las experimenten tampoco recién llegados al análisis, pero si se ciñen al contenido que se refiere al año 2020, la cuestión de si es útil en verdad, o no, para defender al pueblo no solo sigue sin resolver, sino que abre todavía más incógnitas de las que había.

Resulta obvio que el introito obedece a una opinión personal, que de un modo u otro, y con independencia de quien ostente el cargo, Valedor o Valedora, se parece de forma especial en el fondo a todos los anteriores. Salvo, por supuesto, en los datos referidos a las circunstancias propias de cada anualidad, especialmente duras –en lo que insiste, con razón evidente doña Dolores– en la pasada para la población a defender. El problema reside en que la titular, además del resumen de actuación, ha elaborado una especie de epístola moral a gallegos y gallegas de considerable valor humano pero de más que dudosa efectividad real. O práctica, si se quiere.

(Una consideración casi automática a lo expuesto sería la de que la institución, concebida más como mediador/a entre las administraciones y la sociedad –y de forma especial la gente del común, siempre más desprotegida no ya que las élites, sino incluso que alguien llamó la jet society– no está para resolver quejas, sino para encauzar aquellas que entiende lógica hacia los que sí están en condiciones de aportar solución. Pero –y a estas alturas su señoría tiene que conocer al dedillo el terreno que posa–, el itinerario que ha de recorrerse es tan intrincado y en ocasiones tan reactivo, que la tarea semeja propia de Homero: “para almas esforzadas de héroes”. O de heroínas.)

En este punto, siempre desde una óptica personal y la insistencia en el respeto que se ha ganado la Valedora, procede subrayar que las propias especificidades del año 2020 y las consecuencias que generaron, podrían ser la demostración definitiva de que la institución tiene un enorme valor moral pero un muy escaso interés práctico. Con un matiz, desde luego: dejando a un lado su rol más o menos habitual, de recibir quejas, valorarlas, informar sobre ellas y remitirlas a quien es responsable de que se hayan producido y, por tanto, también de darle remedio. E incluso eso, en medio de una pandemia y con la administración tensionada al máximo también por la limitación de recursos, parece una entelequia.

Así las cosas, huelga decir que la señora Fernández Galiño y su equipo, han hecho y hacen lo que pueden e incluso más, y que quizá sean las que vean con mayor claridad donde están los límites. Y sientan la congoja –y puede que la frustración– que produce comprobar lo difícil que resulta verse obligado a hacer lo posible cuando lo que se reclama es lo necesario. Por eso tiene tanto mérito su tarea e incluso su informe, una epístola que podría firmar cualquier guía espiritual serio. Sobre todo cuando ratifica que esta sociedad es más desigual ahora que hace dos años, que los desfavorecidos aumentan en número y sufrimiento y que es toda la sociedad la que ha de comprometerse en resolver o reducir ese peligro. Pero precisamente en esas conclusiones es donde reside la duda acerca de la utilidad de la institución. Y la respuesta no es solo que está en el Estatuto.

¿Eh…?