Vaya por delante mi aprecio por la buena gente de Marruecos y mi convicción de que con ese país debemos de mantener las mejores relaciones posibles. Bienvenidos sean sus gentes para visitar y trabajar en nuestro país porque además contribuyen a mejorar sensiblemente la economía de España, a pesar de lo que haga su Ejecutivo. Sin retractarnos ni poner peros a lo anterior y en relación con la reciente crisis con el Gobierno de Marruecos (que no con la buena gente marroquí), creo que es necesario hablar con claridad y dejarse de paños calientes porque lo que ha hecho en la reciente crisis el Ejecutivo marroquí con España ni es aceptable ni tolerable.
En primer lugar, es necesario decir alto y claro que los españoles no somos súbditos de nadie sino ciudadanos en el sentido en que los define la Real Academia de la Lengua: “Persona considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes”.
Los españoles tenemos al Rey como jefe del Estado, estando sometidos únicamente al orden jurídico constitucional y a las leyes que de este se derivan, así como al ordenamiento jurídico que rige la UE y, desde luego, no somos súbditos del Rey de Marruecos. El régimen marroquí todavía no es una democracia plena y las potestades que ostenta el Rey son impensables en los regímenes democráticos europeos. Lo que ha pasado en Ceuta en el que el Gobierno de Marruecos, bien por acción o bien por omisión, ha utilizado a menores de edad para repetir una especie de Marcha Verde y presionar de manera ilegítima e ilegal a España para que altere su posición internacional con respecto al Sáhara Occidental, no se puede tolerar. Como tampoco se puede tolerar que desde Marruecos se pueda decir lo que se quiera con respecto a España, incluso opiniones que rozan la ofensa, y que por el contrario se ponga el grito en el cielo cuando el Gobierno español expone sus razones de manera tan prudente que puede incluso parecer que se humilla ante el marroquí. Y aun por encima, el Ejecutivo marroquí se permite seleccionar arbitrariamente los puertos que autoriza para que sus ciudadanos regresen para pasar las vacaciones en su tierra con claro perjuicio para ellos.
El régimen marroquí aún no es una democracia plena y las potestades de su Rey son impensables en la UE
Pues bien, esta discriminación es ilegal y no es permisible bajo el ordenamiento jurídico de la UE. No pretendo aquí exculpar el comportamiento diplomáticamente torpe de la actual ministra de Asuntos Exteriores, sin duda manifiestamente mejorable, ni el del presidente del Gobierno que la mantiene en el cargo, pero es que se trata de España y del honor de una nación que no puede tolerar más este tipo de humillaciones. Debemos de manifestar alto y claro que España tiene todo el derecho a mantener buenas relaciones con todos los países del Magreb, como por ejemplo Argelia; y que Marruecos no puede pretender tutelar la postura española al respecto. Debemos de recordar que España no solo puede, sino que debe, respetar las resoluciones de Naciones Unidas con respecto al Sáhara Occidental y es intolerable que Marruecos pretenda conseguir el reconocimiento de su soberanía mediante medidas de presión que además son ilegales.
Conviene recordar aquí que España no cedió la soberanía del Sáhara a Marruecos, sino que, tras una humillante Marcha Verde, cedió la administración de ese territorio a Mauritania y Marruecos, más o menos a partes iguales. Aunque Mauritania renunciara a ello más tarde, eso no le daba cobertura legal a Marruecos para extender su jurisdicción a la parte mauritana. Tenemos que decir ya de una vez que, además, cuando Marruecos recibió la cesión de la administración por parte de una España que pasaba por momentos muy delicados, las aguas territoriales eran de doce millas y no existía zona económica exclusiva y, de acuerdo con la legislación internacional, el Gobierno marroquí no puede cambiar esa situación legal salvo con autorización de Naciones Unidas; por eso las dificultades del acuerdo pesquero con la UE, donde España fue valedora de un Marruecos ingrato.
España no puede tolerar más humillaciones ni más marchas verdes, ni doblegarse ante un país que utiliza de esta manera innoble a sus ciudadanos para ejercer presión diplomática. España debe de responder a la arbitrariedad con la ley, por ejemplo, revisando para empezar la situación del tomate marroquí o del tránsito de contenedores por nuestro territorio. Hasta aquí hemos llegado. Ante cualquier nueva provocación y si bien de manera proporcionada pero firme, el Gobierno español debe de enseñar los dientes, aunque visto lo que pasa con los independentistas catalanes, me temo que este Ejecutivo esté “fanado”, como decimos por estos lares.
