Hace poco tuve el inmenso honor de defender en el Congreso, en la Comisión de Asuntos Exteriores, una proposición no de ley, presentada por el grupo socialista, relativa a la protección de la infancia contra la violencia en zonas de conflicto armado.
Los derechos de la infancia están plenamente reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, siendo el tratado más ampliamente ratificado en el mundo.
Algunos de los derechos contenidos en la convención que revisten especial importancia para la situación de la infancia en los conflictos armados son el derecho a la vida (art. 6); la prohibición del reclutamiento y la utilización de niños en los conflictos armados (art. 38); y el derecho a la protección contra toda forma de violencia, abuso o explotación física, sexual o de otra índole (arts. 19 y del 32 al 38). Además, el artículo 39 dispone que los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño o niña víctima de un conflicto armado.
También en la primera meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, que forma parte de la Agenda 2030, se hace un llamamiento a una reducción significativa de “... todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo”.
Pero las guerras persisten, incluso duran más. Y sus consecuencias, directas e indirectas, también.
Algo tan cotidiano como ir a la escuela, poder alimentarse o jugar en la calle sin peligro, son imposibles para niños y niñas de muchos lugares.
En 2018, 415 millones de menores en todo el mundo vivían en zonas de conflicto, uno de cada seis. Y de ellos, 149 millones vivían en zonas de conflicto de alta intensidad donde se producen más de 1.000 muertes al año. Es más de 18 veces la población de niños y niñas que hay en España.
El conflicto armado es cada vez más peligroso para la infancia.
Desde 2005, ha habido casi 100.000 víctimas infantiles de asesinato o mutilación en zonas de conflicto. Desde 2010, los números se han triplicado.
Entre 2005 y 2018, se constató que más de 65.000 niños y niñas fueron reclutados y utilizados por fuerzas y grupos armados. Más de 7.000 en 2019. Muchos de ellos sufrieron abusos sexuales y explotación, fueron secuestrados, obligados a actuar como escudos humanos, y fueron utilizados como combatientes, para transportar explosivos o como terroristas suicidas.
El número de ataques contra escuelas y hospitales aumentó en 2018, con un total de 1.892 incidentes verificados de ataques y de uso militar de escuelas y hospitales en 18 países. Esto supone un aumento de hasta un 32% en comparación con 2017.
Desde 2010, el número de violaciones graves contra la infancia verificadas por la ONU casi se ha triplicado.
Todos estos datos recogidos y verificados nos dan una idea del horror y del trabajo por hacer. Tan solo a través de esfuerzos concertados y deliberados, podremos revertir las tendencias actuales y detener la guerra contra la infancia.
Los menores son sujetos fundamentales de desarrollo y motores esenciales de cambio y transformación social para el futuro. Es esencial, por tanto, que la perspectiva de derechos de infancia esté marcadamente presente en la política de cooperación para el desarrollo.
Cuanto mejor se protejan los derechos de la infancia hoy en día, más pacíficas y habitables serán nuestras comunidades en el futuro. Está en nuestras manos actuar para evitar que las consecuencias de la guerra destruyan la vida de las personas que la padecen.
Solo si somos capaces de proteger y mejorar las vidas de niños y niñas, futuras generaciones de adultos seremos capaces de tener un mundo mejor.
* Diputada del PSOE por Pontevedra
