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Javier Sánchez de Dios.

Crónica Política

Javier Sánchez de Dios

Las garantías

Parece probable, aunque también en eso hay opiniones enfrentadas, que lo más importante de la polémica que desde hace casi tres cuartos de siglo divide a los habitantes de la comarca de Pontevedra y más allá es que hay razones para defender el mantenimiento o el cierre de la fábrica de Celulosas en Lourizán. Ocurre que, desde un punto de vista particular –como siempre– unas y otras se han ido modificando a lo largo del tiempo: los partidarios del “peche xa” han evolucionado hacia el traslado con plazos y rebajado sus denuncias por daños al medio ambiente, y quienes están por la continuidad insisten en que la pérdida de puestos de trabajo –directos e indirectos– por miles causará antes daño que beneficio y más cuando la factoría cumple las normas de la UE sobre contaminación.

La modificación de posiciones no ha sido solo argumental: mientras quienes se oponen a la ubicación se mantienen en su postura, pero con matices, los que la defienden suman adeptos. Algunos especialmente significativos, como agrupaciones de marisqueo y pesca y/o de comerciantes y otros sectores mercantiles, inquietos por los efectos directos y colaterales que pueda tener el cierre para la ciudad capital, su entorno y para Galicia en sectores como el maderero o el transporte. No se contempla el traslado como hipótesis intermedia porque la empresa ha reiterado que ni laboral, ni social ni económicamente compensaría.

Expuestas unas cuantas de las múltiples cuestiones que pueden aducirse en el asunto, y en vísperas de una resolución judicial de la Audiencia Nacional –que no será la última: las partes ya anunciaron recursos–, cabría añadir algunas reflexiones. Una, para lamentar que los puntos de vista se hayan radicalizado tanto que parece muy difícil encontrar siquiera un principio de acuerdo que concilie ambas posturas. La segunda, que a día de hoy parecen, en términos medibles, de mayor peso los argumentos de quienes advierten de los perjuicios inmediatos que conllevaría el cierre que los beneficios a corto y largo plazo que los esperan los que se dicen defensores del medio ambiente.

(Conste que nadie en su sano juicio contemplaría un mañana imposible para vivir, y que otro tanto podría replicarse si la supuesta prosperidad del futuro hubiera de construirse con la ruina del presente. Aparte de que existe una dificultad añadida, y es que cualquier opinión será descalificada por quien defienda otra distinta. Opinar en libertad tiene la ventaja de que no se decide, pero puede contribuirse a resolver, si hay suerte, algunos de los problemas que dividen a la sociedad. Y quien esto expone está por el mantenimiento de los puestos de trabajo que directa o indirectamente aporta la actividad industrial –muy poca, por cierto– que va quedando).

Hay que hacer constar todavía una observación más. En cualquier caso es imprescindible que fuere cual fuese la decisión última de la Justicia, los gobiernos –todos– han de comprometerse de forma inmediata, inequívoca y documentada a buscar la compensación adecuada a la situación resultante del fallo judicial. Porque Celulosas no se puede ir sin alternativas inmediatas para quienes de un modo u otro dependen de la factoría pontevedresa y, si se queda, el control de sus actividades de presente o de futuro no podrá rebajarse ni relajarse. Como garantías, una y otra, de que en el sur de Galicia no ocurrirá de nuevo lo que ya sucedió demasiadas veces: que lo que hay se pierda sin solución.

¿No...?

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