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Javier Sánchez de Dios.

Crónica Política

Javier Sánchez de Dios

Los misterios

Uno de los –muchos– misterios que almacena la función pública, al menos en Galicia, es que a pesar de los reiterados aumentos de plantilla en sus diferentes escalas y condiciones, nunca alcanzan para cubrir las necesidades. Así, funcionarios, contratados, auxiliares, interinos y/o eventuales, han de ser reforzados, o sustituidos, por empresas privadas con el fin de, por ejemplo, agilizar la tramitación de algunos asuntos que en pura lógica, están en el ámbito de un nutrido escalafón. Que, además, ha de cumplir condiciones de profesionalidad, preparación y objetividad características de las administraciones públicas.

Ocurre que el hábito de lo que se llama “externalización”, o privatización, genera otro misterio: quienes hoy en el poder aplican ese modelo son denostados por una oposición que cuando al fin sustituye a sus adversarios, mantiene el método en cualquiera de sus dos denominaciones y, a veces, contribuye con un tercero –el “chirinquito”–, acaso porque en la variedad está el gusto, pero no siempre la razón o el acierto. Todo lo cual viene a cuento por la nueva decisión de la Xunta de encargar a la empesa privada la tramitación de asuntos medioambientales.

El motivo que se aduce aparenta coherencia: rebajar la duración de las gestiones desde una media de cinco meses a treinta días, algo que sin duda llenará de gozo a los interesados salvo, muy probablemente, que se trate de apurar el pago de sanciones. A partir de ese marco caben deducciones muy diferentes, y alguna de ellas pintoresca: por ejemplo. que si de lo que se trata es de agilizar trámites y la solución es que lo haga el sector privado, quizá esté de más el público. Se ganaría en eficacia y, desde luego, se ahorraría mucho dinero, reformando de paso la Administración.

Conste, en este punto, que esa reforma es una de las peticiones incumplidas de la Unión Europea –prometida, pero nadie sabe si se hará y cómo–, a los Gobiernos de España, como en su día se hizo a los de las comunidades. Cierto que para mejorar las cosas habría que distribuir mejor el personal, simplificar las leyes, aliviar de carga inútil los reglamentos y acercar los administradores a los admistrados. Y eso, si bien está en el espíritu de la Constitución, no es una tarea fácil.

El quid de la cuestión no es que lo expuesto proceda de un punto de vista personal, que desde luego, sino que resulta necesario, e incluso urgente. Entre otros motivos también de peso porque nada hay de razonable en que un Estado cuya deuda supera en casi billón –sí: con “bé” de burro…– y medio de euros, mantenga un tinglado administrativo como el actual. Y no se trata de proponer una revolución territorial, sino de prevenir males aún mayores en el futuro. Vistos ciertos informes, y –sobre todo– las condiciones europeas para la aportación del total de los fondos comprometidos, no queda otra que cumplirlas. Y cuanto antes, mejor: de no hacerlo, se planteará otro misterio: el de cómo saldrá adelante España entera y Galicia en especial.

¿No?

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