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Cuando todavía nos debatimos en la encarnizada defensa de nuestras propias vidas frente a los zarpazos de este maldito COVID; cuando el denodado esfuerzo de tantas empresas e investigadores desde los más lejanos lugares desafían las sinuosas mutaciones de tan poderoso y letal enemigo; cuando tanto va a costar asentar una mínima perspectiva de futuro a los millones de españoles que en estos momentos no ven más que desolación e incerteza a su alrededor, y cuando, no obstante, entre tanta angustia y sufrimiento empezamos a vislumbrar un esperanzador horizonte, tibio e incipiente pero sin duda esperanzador, asoma de nuevo la hidra catalana con la perversidad de aquella anaconda de la famosa película que después de engullir al envarado y altivo Jon Voight a punto estuvo de privarnos para siempre de la refrescante presencia de Jennifer López.

Aunque tal vez el símil no haga al caso, pues si el monstruo de las muchas cabezas vio como la espada de Hércules ponía coto a sus desmanes y una simple chimenea despachó también para siempre las correrías del otro ofidio, no encontramos en estos últimos decenios un gobernante que desde la Moncloa haya sabido dar recta y valiente interpretación a la firme voluntad, y también decisión, de la inmensa mayoría de los españoles de seguir conformando, unidos, un gran pueblo y un respetado Estado.

Los últimos ocupantes del palacio se han ofrecido más proclives a la patada a seguir y al cambalache del momento, siempre regado con asimétrica generosidad, que a configurar en solidaridad con las demás fuerzas y sobre todo con los españoles un marco firme y estable de convivencia que contuviese las siniestras acometidas de los almogávares de nuevo cuño. De notable diferencia, en todo caso, con los primitivos: las osadas huestes de Roger de Flor, Berenguer o Bernat de Rocafort arriesgaban sus vidas por ensanchar los confines del Reino de Aragón y en definitiva de lo que hoy es España, desde Zaragoza a Valencia o de Sicilia hasta Atenas. Hoy, por el contrario, los asaltantes de la Diagonal y Vía Layetana agotan su resuello en empobrecer los reinos, achicar sus dominios y reponer la historia en las nuevas taifas de la Ibérica. Tarea, por cierto, en la que no están solos. Imitadores oportunistas surgen como champiñones. Porque hasta en el camino a la deconstrucción y la miseria hallaremos siempre fieles peregrinos.

'Sálvamedeluxes'

Hoy, esa hidra catalana, altiva y desafiante, despereza una de sus cien cabezas para arrinconar al Gobierno y someterle al ignominioso chantaje de poner de rodillas a los tribunales, al Rey y en definitiva a todos cuantos españoles entienden que las sentencias demandan no otra cosa que su cumplimiento. Que no tienen más derecho al perdón quienes promovieron un levantamiento contra el Estado que aquellos otros a quienes la precariedad en su fortuna, cuando no la simple falta de cordura, precipitó por el abismo de delitos bastante menos reprobables. Esos que nunca excitan el celo de los Sálvamedeluxes. Y de estos últimos están las cárceles abarrotadas, sin que la zozobra por su futuro rasgue otras vestiduras que las de sus afligidas familias.

El derecho al perdón es una legítima aspiración cuando a la ofensa acompaña un ajustado acto de contrición, pero sobre todo cuando la reposición del reo no pisotea la dignidad de quienes han sido ofendidos. Y en un delito consumado y probado de sedición, con la trascendencia pretendida, lo verdaderamente tentado y ofendido ha sido precisamente el marco constitucional del Estado, el derecho a desarrollar una convivencia en paz y respeto hacia todos, incluso a los que pretenden reformar la propia Constitución.

Por consiguiente, si el artículo 117 C.E. atribuye “exclusivamente” a juzgados y tribunales la función jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y si el artículo 14 C.E. establece que todos los españoles somos iguales ante la ley, no puede albergar el Gobierno la facultad ilimitada y discrecional de abolir ambos principios en un caso concreto sin que medien razones de justicia, equidad y utilidad pública. Más aún cuando el artículo 62.i. CE proclama que “corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley”. Cierto es que en un sistema constitucional como el del 78, tan sabiamente redactado, estas funciones del monarca han de resultar atemperadas precisamente para respetar el entramado jurisdiccional que a todos nos ampara.

Somos todos conscientes que no mueve al Ejecutivo la magnanimidad de su espíritu y sí la necesidad de ampararse en el báculo que, interesado, le ofrece Junqueras. Que ha de hacer de la necesidad virtud para mantenerse en el cargo. Y desde la particular humildad y ante tamaño enredo le ofrezco una salida que tal vez debiera explorar para no herir tanta sensibilidad.

Que los reos a indulto se encomienden a la cofradía de Nuestro Padre Jesús El Rico de Málaga, a la Hermandad de la Soledad y Descendimiento de Granada o a cualquier otra de las magníficas cofradías agraciadas con la facultad de excarcelar delincuentes. Habrían de aguardar a la próxima Semana Santa, pero, llegados hasta aquí, la paciencia y una corta procesión les reportaría grandes efectos redentores, y también al Gobierno un apropiado descargo. Además, cuando Dios está por medio, la capacidad de perdón es infinita.

Lo digo por ayudar.

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