El Parlamento danés ha aprobado un proyecto de ley que busca que las peticiones de asilo político se tramiten siempre fuera del país para poder así mantener alejados de su territorio a los solicitantes.
El partido socialdemócrata de la presidenta danesa, Mette Frederiksen, que lo presentó, confía en que se creen fuera de Europa centros de acogida donde aguardarían pacientemente aquéllos en espera de ser admitidos.
Dinamarca ha sondeado supuestamente a una decena de países, entre ellos Egipto, Etiopía, Ruanda, para ver si estarían dispuestos a acoger y administrar tales centros, que financiaría el Gobierno de Copenhague, pero hasta ahora sin éxito.
La decisión del Parlamento de Copenhague es la culminación de un proceso que dura ya años y que trata de hacer de Dinamarca el país más antipático posible para quienes huyen de la guerra o la pobreza.
Hay ciertamente en Europa algo así como una competencia a la baja en materia de inmigración y ese país escandinavo está entre los que más se han destacado hasta ahora en esa particular puja.
En la decisión del Gobierno socialdemócrata ha influido claramente el Partido Popular danés, de extrema derecha, que lleva desde 2001 prestando su apoyo a los gobiernos de turno a cambio del endurecimiento de las leyes de asilo.
La agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados critica la ley danesa por considerarla incompatible con la cooperación internacional en esa materia
En 2015, cuando el Gobierno alemán de Angela Merkel causó una tormenta política no sólo en su propio país sino en toda Europa al permitir la entrada de cerca de millón y medio de refugiados, muchos de éstos acabaron cruzando la frontera danesa para quedarse en ese país o seguir su camino hasta Suecia.
Fue entonces cuando Mette Frederiksen tomó las riendas del Partido Socialdemócrata y decidió dar un golpe de timón, que se plasmó en un documento estratégico con vistas a las elecciones de 2019 en el que se hablaba ya de la necesidad de crear un centro de acogida de refugiados fuera de Europa.
La dirigente socialdemócrata ganó los comicios de ese año y desde entonces el objetivo de su Gobierno es conseguir que ningún solicitante más de asilo pise suelo danés.
Pero la propia Comisión Europea se ha distanciado de la nueva ley danesa. Según su portavoz, Adalbert Jahnz, plantea “cuestiones básicas que tienen que ver con el acceso de los solicitantes al proceso de asilo y a la protección” a que tienen derecho.
También Acnur, la agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, critica la ley danesa por considerarla incompatible con la cooperación internacional en esa materia.
La decisión del Folketing (Parlamento danés) aumenta, sin embargo, la presión sobre el conjunto de los países europeos y en especial sus vecinos inmediatos, Alemania y Suecia, cuyas opiniones públicas han dejado de ser tan receptivas al problema migratorio como lo eran en un primer momento.
El tema de la inmigración se ha convertido en una patata caliente para los partidos de izquierda europeos que ven impotentes cómo la extrema derecha lo utiliza abusivamente para restarles votos sobre todo entre las clases trabajadoras o menos educadas.
Pero hasta ahora ninguno había llegado al extremo de la socialdemocracia danesa, que muestra su rostro más insolidario.
