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Javier Sánchez de Dios.

Crónica Política

Javier Sánchez de Dios

Los refuerzos

Tal como van algunas cosas, es de esperar que cualquier día alguno de los más lúcidos profesionales del oficio político se dará cuenta de que, en realidad, el problema del paro tiene una solución más fácil de la que se dice y, por supuesto, más humana que la fórmula de un ministro japonés que proponía “despachar” a una parte de la población para hacer sitio a los desempleados. La que parece predominar por estos lares consiste en colocar a cuanta más gente mejor en la Administraciones Públicas. Como funcionarios, interinos o empleados laborales. Y que viva la Pepa.

Naturalmente habrá quien, tras leer el prefacio, niegue la mayor, pero como lo medible no es opinable, bastará el dato de que el número de gallegos/as que a día de hoy trabajan “en lo público” es el más alto de la historia reciente este Reino. Lo que puede ser un medio para maquillar el problema, pero no el remedio para solucionarlo, sobre todo por la lógica de la insostenibilidad del método. E incluso de las reglas europeas, que establecen condiciones para los Fondos, entre ellos la reforma y adelgazamiento de la Administración Pública española.

(En este punto procede matizar que, en el caso que se trata, más que el singular a la hora de citar la estructura del Estado habría que emplear el plural y hablar de Administraciones. Todas ellas además con un problema más o menos agudo, pero resistente: el personal está repartido de forma desigual, y escasea donde más falta hace y abunda donde quizá menos se necesita. Y eso añade otro factor a la urgencia de una reforma que ha de pasar por la pérdida de peso del complejo mundo que, cuando se pretende resumir, acaba camuflándose como “burocracia”).

Cierto que se cuentan los “refuerzos” –contratos temporales ad hoc– en servicios públicos claves durante la pandemia, como el sanitario y el educativo, y que esas áreas pagan todavía los recortes de la crisis del 2008-12. Pero todo suma, y para que cuadre el balance hay que ir a la deuda, lo que supone un problema menos urgente –porque hay plazos e intereses, pero razonables–, aunque también serio. Y más temprano que tarde será imprescindible dedicarle a la búsqueda de soluciones que sean algo más que tópicos y discursos repletos de buenas intenciones.

Ocurre que, como en tantas otras cosas, aquí hay un oficio político muy escaso de coraje para afrontar cuanto, aun de interés colectivo, no le suponga réditos electorales a corto plazo. Y de ahí que, a pesar del acuerdo general de que el gato necesita un cascabel, no hay voluntarios para colocárselo. Y quien lo discuta que se fije en la estructura actual: Estado, Autonomías, Diputaciones, Mancomunidades y municipios forman la red, a la que hay que añadir la multitud de chiringuitos que no forman parte, stricto sensu, de alguna de las Administraciones, pero que en el fondo funcionan como si lo fueran y, para mayor escarnio, añaden sobrecoste a las espaldas de los contribuyentes, que ya no pueden más, diga lo que diga la lozana andaluza de Hacienda.

¿O no...?

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