Imagínense un partido de fútbol cuyo campo está inclinado, lo que resulta en que uno de los equipos tiene que correr hacia arriba para meter un gol ¡Qué grito en el cielo! Es muy probable que, ante tal tesitura, ni se empezase el partido. Se argumentaría que no existe un level playing field para los dos equipos y que, en primer lugar, se debería equilibrar la base, es decir, el campo. Esa imagen explica muy bien situaciones a las que muchas empresas de los sectores de la Economía Azul gallegas, españolas y europeas se enfrentan en su día a día, porque operan en un entorno internacional en el que no siempre existe un level playing field. Seguramente se acuerdan de las negociaciones del Brexit y las discusiones crispadas sobre cómo asegurar un entorno empresarial con reglas comunes de competencia entre la Unión Europea y el Reino Unido. Pero, ¿qué es este level playing field?

El level playing field es un concepto que describe el entorno en el que cada uno que se dedica a una actividad económica específica tiene las mismas oportunidades de éxito. En el contexto del comercio internacional, significa principalmente fairness en el sentido de que los operadores deben actuar bajo las mismas normas. El comercio leal implica que, por un lado, todas las empresas operen con las mismas reglas del juego y que, por otro lado, ningún otro Estado u organización internacional regional (como es la UE) adopte cualquier tipo de intervención que tenga como resultado la protección de ciertos operadores o una normativa menos estricta. Es imprescindible que las actividades económicas se realicen en pie de igualdad, sino los productores con mala praxis desplazarían a las empresas que cumplen con las reglas porque éstas pierden competitividad ya que, como es bien sabido, cumplir con toda la normativa es costoso.

Ahora bien, no debe pensarse solamente en condiciones comerciales, no. Concretamente, un level playing field en los sectores azules, cuyas cadenas de producción son extremadamente internacionalizadas y complejas, abarca todos los factores de producción, incluyendo la gobernanza de recursos naturales, las condiciones laborales, las normas medioambientales, las políticas fiscales, las ayudas estatales o las condiciones comerciales. Discrepancias en tan solo uno de estos factores puede conllevar a tratos no equitativos entre productos de distintos orígenes, Pero, es más: también pone en riesgo la sostenibilidad en sus tres dimensiones. Es decir, la sostenibilidad económica, social y medioambiental de un sector entero. Pero, ¿quién decide las reglas del juego?

Desde mi perspectiva, es importante indicar que ningún Estado o la propia UE pueden exigir que otros Estados tengan exactamente el mismo conjunto de normas porque existen grandes diferencias sociales o económicas, por supuesto. El punto de referencia debe ser el derecho internacional, porque son los tratados internacionales los que establecen reglas internacionalmente aceptadas, y así garantizan un mínimo común denominador de estándares, indepen- dientemente de si se trata de la protección fundamental de los trabajadores o de garantizar una producción alimentaria segura y sostenible. El marco jurídico internacional con reglas básicas proporciona seguridad jurídica y asegura relaciones internacionales pacíficas, si se respetan. Exigir que se cumplan los convenios internacionales (como son los de la Organización Internacional de Trabajo o los de la Organización Mundial de Comercio, entre muchos otros), es la única forma de conseguir un level playing field. En el caso contrario, las diferencias provocan un desequilibrio y perjudican gravemente a los que acatan las reglas. Ya existe un marco regulador internacional abundante, y que de cara al futuro será todavía mayor. En diciembre 2019 la Comisión Europea publicó el Pacto Verde Europeo, iniciando así un camino hacia una nueva estrategia económica del continente cuyas iniciativas afectarán a todos los sectores. Sin entrar en el debate si las propuestas son adecuadas o no, cabe recordar que las nuevas políticas deben ser acompañadas, en mi opinión, con medidas a nivel internacional para impedir que los socios de otras regiones se beneficien de una Unión Europea, que está en la vanguardia en luchar por una transición ecológica en todos los sentidos, socavando el level playing field que debe regir para un comercio justo.

*Gerente de la Fundación MarInnLeg