Para los que como Benjamin Franklin creen que las dos certezas de la vida son la muerte y los impuestos, el Gobierno español es un especialista en no ofrecer dudas sobre la evolución dinámica de estos últimos. Ahora, por ejemplo, se las ha arreglado para colar en la ley de lucha contra el fraude una modificación de la base que se impone a Sucesiones. Se trata, en este caso, del tributo más injusto que existe. Hasta el punto de que no hay forma inteligente de justificarlo. El que lega una herencia no ha dejado de cotizar fiscalmente por ella durante toda su vida, a veces de diferentes maneras y en distintos momentos, y cuando muere son sus herederos los que tienen que seguir pagando al Estado o a la autonomía por lo que reciben, un dinero o unas propiedades ya suficientemente fiscalizados. Es una forma inequívoca de latrocinio, pero no todos se atreven a decirlo porque existe como imperativo de obediencia que no hay justicia sin fiscalidad. Eso es cierto, sin embargo no garantiza que la fiscalidad sea siempre justa.
Calvin Coolidge, aquel presidente de Estados Unidos que no se caracterizaba precisamente por su locuacidad, dijo que recaudar más impuestos de lo estrictamente necesario es igual que legalizar el robo. Marx recalcó que solo hay una manera de matar al capitalismo: con impuestos, impuestos y más impuestos. La izquierda de hoy, por lo general, no aspira a liquidar el capitalismo, solo a vivir en él imaginándose que lo ha derrotado. Para ello, para redimirse y financiar un gasto público que no siempre es necesario y que en muchas ocasiones resulta superfluo, se apunta a las crecidas fiscales incongruentes y abusivas. Los tarifazos, los catastrazos acaban pasándole factura cuando el país empobrece y se encuentra con la lengua fuera, suficientemente exhausto. Entonces es cuando las urnas convocan a la derecha.
