Sanidad reconoce ahora al menos cuatro fallecimientos (con un quinto en estudio) por trombos inducidos por la vacuna de AstraZeneca en España, y unos quince casos más de trombosis sin resultado de muerte. Este anuncio se ha hecho coincidir en el tiempo con la polémica en torno a la decisión adoptada por el mismo ministerio de administrar Pfizer a los menores de 60 años “esenciales” (profesores, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, etc.) que recibieron en su momento la primera dosis de AstraZeneca, y que ha provocado el rechazo de muchos de estos, ya que en torno a un 90% de ellos prefieren recibir la segunda dosis de la misma vacuna.

Por otra parte, la autoridad sanitaria ha asumido el dictamen del comité nacional de Bioética, según el cual debe ofrecerse a cada miembro de ese colectivo la posibilidad de continuar con AstraZeneca siempre y cuando firme un “consentimiento informado” por el cual acepta por escrito el riesgo que conlleva. Algunas comunidades autónomas han extendido incluso este consentimiento a ambas vacunas, la de AstraZeneca y la de Pfizer, curándose así en salud en todos los casos posibles.

Ello ha conducido a la ministra Carolina Darias a negar que el mencionado dictamen implique una verdadera “elección” por parte de los afectados, puesto que la norma es inyectarles la segunda dosis con Pfizer y la excepción rechazarla y solicitar por escrito su sustitución por la vacuna de Oxford. Afirmación un tanto paradójica, pues la posibilidad de rechazar una y solicitar la otra, aunque sea formalmente y de modo “excepcional”, es de hecho un acto de libre elección.

En cualquier caso, todo indica que el mencionado reconocimiento de las muertes por trombosis se inscribe en este momento y contexto como un elemento de disuasión, llamado a contrapesar la tendencia mayoritaria a reclamar la segunda dosis de la misma vacuna.

Ahora bien, dicho reconocimiento debería llevar, por una parte, a la sociedad y al Estado a considerar como héroes caídos en la lucha contra la pandemia a quienes fallecieron a consecuencia de la propia vacuna, pues hay que admitir que gracias a esta se habrán salvado otras muchas vidas, pero no la suya. Es el caso del joven profesor de Toledo, de 30 años, o del militar de 35 de Navarra, entre otros que perecieron a consecuencia de trombos sobrevenidos tras vacunarse.

Por otra parte, habría que tener en cuenta la posibilidad de extender la objeción a la segunda dosis de AstraZeneca a los mayores de 60, ya que aunque en menor medida que los más jóvenes, no dejan de estar expuestos a posibles complicaciones, en particular aquellos con factores de riesgo previos; complementariamente a lo dictaminado por el comité de Bioética, deberían poder optar por la vacunación con Pfizer por un procedimiento análogo.

Creo que sería coherente con la medida ya adoptada por el ministerio, permitiendo probablemente además una mejor distribución de las partidas de vacunas de AstraZeneca y Pfizer disponibles, si como parece los menores de 60 se acaban inclinando mayoritariamente por la primera.