La mejor definición de la falta de cordura y de sentido político que suponen los indultos que el Gobierno quiere promover en favor de los sediciosos del ‘procés’ es que el propio Iván Redondo haya dicho que está dispuesto a “tirarse por un barranco” si el jefe, Pedro Sánchez, se lo pide. Sentirse rehenes de ERC suena tan descabellado en estos momentos que podría hacer peligrar la supervivencia del PSOE como un partido de Estado y su obligación principal de defender la Constitución. Tampoco existen precedentes de que un Gobierno de una democracia liberal se desentienda de un pronunciamiento tan claro del Tribunal Supremo sobre unos golpistas condenados por atentar contra la integridad nacional y que, además, han insistido en que volverían a hacer lo mismo sin señal de arrepentimiento.
Se quiere indultar, en contra de lo que la justicia dicta, sin atender a una razón de Estado, simplemente por la conveniencia de un Gobierno
Por esa razón, entre otras, Felipe González ha querido a sus casi ochenta años decir que no existen condiciones para una medida de gracia que, además, los propios dirigentes independentistas aceptan con un mohín de desagrado, porque lo que quieren es la amnistía, es decir la fórmula ideal para que el prófugo de la justicia Puigdemont pueda volver a España limpio de polvo y paja. A Puigdemont los indultos no le favorecen porque no hay nada que indultar a quien no ha sido condenado.
Todo esto es un despropósito de gran magnitud. Se quiere indultar, en contra de lo que la justicia dicta, sin atender a una razón de Estado, simplemente por la conveniencia de un Gobierno. Tampoco la concordia que se invoca está justificada desde el instante en que la Generalidad catalana ha dejado claro que los planes secesionistas siguen siendo los mismos y que una parte del Govern está decidida a seguir adelante sin renunciar a la tensión y al enfrentamiento. Y lo peor son las palabras del propio Sánchez diciendo que “la venganza y la revancha no son constitucionales”, cuando de lo que se trata es del cumplimiento de una pena impuesta por un alto tribunal. Lo dicho, el barranco.
