Hay veces en las que, a pesar de que la sabiduría del refranero está a disposición de todos, se omiten sus consejos por quienes más deberían tenerlos en cuentas. Es decir, por los responsables de los intereses colectivos, que han de ser defendidos por la autoridad correspondiente, pero no de cualquier manera ni a un precio desconocido. Es lo que parece, al menos a primera vista, ocurrir con la decisión de la Xunta de habilitar, según la información oficial, un canal para que la ciudadanía colabore en la lucha contra la corrupción. Algo que, sin más reflexión, suena bien, pero olvida que “el camino al infierno está enlosado con buenas intenciones”.
La Xunta anuncia su plan en el marco no solo de algo tan elogiable como la lucha contra la corrupción y la ampliación de lo que por otra parte ya está obligada por ley, que es la transparencia. Pero sin ánimo de crítica, sino más bien de observación bienintencionada, quizá debería garantizarse de forma más contundente no ya la discreción de los datos del posible denunciante, sino la comprobación exhaustiva de la veracidad de cuanto denuncie. Porque en esto de los anonimatos –o casi– suelen darse venganzas individuales o de grupo por supuestos agravios que no siempre se relacionan con el hecho de combatir la corrupción.
Es cierto que la iniciativa del Ejecutivo gallego no supone en sí misma una novedad absoluta: en el ámbito municipal –por ejemplo, pero no solo– ha habido alcaldes denunciados desde el anonimato, y alguno llegó en Pontevedra al Supremo –que le dio la razón acerca de la falsedad de las acusaciones–, pero tuvo que soportar las sospechas, él y su familia, de forma injustificada e injustificable durante años. Y lo mismo otros, como los que lo fueron de Lugo y Ourense, en el marco de aquella “cruzada” supuestamente anticorrupción con la que una jueza después desautorizada por el CGPJ puso en duda no ya sus actuaciones sino, como daño directo, las de las administraciones respectivas.
Hay algo más: las llamadas a la participación ciudadana en el terreno y la forma que parece plantear la Xunta pueden acabar como algunas armas de las que dicen que carga el diablo. Y para el Ejecutivo gallego no debieran ser necesarias: acaso sí lo sería una reforma y modificación de las estructuras administrativas para reforzar los recursos de todo tipo cuya inexistencia debilitan los controles que sí precisan retoques y algo más. Eso aparte, son el mejor método, por su profesionalidad y objetividad, para investigar casos posibles de malas prácticas y, de producirse y comprobarse, llevar a los supuestos autores a los tribunales
Cuanto queda dicho no es sino una opinión personal que ha de relacionarse con la óptica desde la que la Xunta plantea la cuestión de los asuntos públicos y todo cuanto conllevan respecto a su claridad. Algo que es irreprochable en la teoría pero que, en la práctica –y es importante insistir– puede convertirse en un desmadre de actuaciones sin fundamento que no hacen sino perder tiempo, paciencia y recursos. Y, sobre todo, implica unos riesgos que actualizan aquello de que el fin no siempre justifica los medios. Una muy sabia advertencia que debe ser tenida en cuenta cara a todos los ámbitos, pero que en la res publica –que no abarca solo la política– parece especialmente recomendable.
¿No…?
