El último informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch sobre la situación en la Palestina ocupada supone un nuevo aldabonazo a la conciencia del mundo que llamamos “civilizado”.
El problema es que las conciencias de muchos están ya tan embotadas que no parece que consigan oír los gritos de angustia de un pueblo sometido a la más feroz de las discriminaciones por un Estado que presume de democrático.
Hay un mecanismo que ha estudiado muy bien el psicoanálisis según el cual las que fueron víctimas –en este caso, del genocidio nacionalsocialista– pueden convertirse en verdugos, pero el problema aquí es que la violencia se dirige esta vez contra un pueblo que nada tuvo que ver con aquellos crímenes.
El informe publicado por Human Rights Watch es inequívoco en su condena del comportamiento de Israel para con los palestinos, que esa ONG estadounidense compara con el apartheid practicado en su día por Suráfrica.
Las leyes, las medidas políticas y las declaraciones de los responsables israelíes dejan bien claro el objetivo de mantener su control sobre “la demografía, el poder político y el territorio” en la Cisjordania ilegalmente ocupada, señala la ONG.
En la persecución de ese objetivo, denuncia el informe, las autoridades han “desposeído, confinado y subyugado a los palestinos con diferentes grados de intensidad”, pero siempre en atención a su “identidad étnica”.
"Human Rights Watch es inequívoco en su condena del comportamiento de Israel para con los palestinos, que compara con el apartheid en Suráfrica"
En algunos casos, esas “desposesiones son tan graves que constituyen crímenes de lesa humanidad, apartheid y persecución”, denuncia Human Rights Watch.
En sus setenta y tres años de historia, Israel ha mantenido el dominio militar sobre el grueso del pueblo palestino, señala la ONG, según la cual el hecho de que Israel sea un Estado democrático sirve para “ocultar la realidad que representa esa discriminación cotidiana”.
Durante más de un siglo, Israel ha facilitado además el traslado de israelíes judíos a los territorios árabes ocupados y les ha concedido un estatus superior frente a los palestinos con quienes comparten el territorio.
Estatus superior en lo que se refiere a derechos civiles, acceso a las tierras y libertad tanto de movimientos como a la hora de autorizar la construcción de nuevas colonias o de alojar a familiares.
El Estado judío mantiene además un estricto control de las fronteras, del espacio aéreo, del movimiento de mercancías, de la seguridad y del registro de la población, denuncia también la ONG.
Muchos altos funcionarios israelíes han expresado sin ningún género de dudas la intención de mantener ese control en perpetuidad y la sostienen con acciones como la expansión continuada de los territorios ocupados en medio de un proceso de paz que uno calificaría de “engañoso”.
La anexión de parte de la Cisjordania ocupada a la que se ha comprometido el Gobierno de Benjamín Netanyahu “formalizaría”, según Human Right Watch, “la realidad del dominio sistemático del territorio” y la “opresión” de quienes lo habitan.
Para la ONG, el “apartheid” se ha desligado del contexto original surafricano y es ya reconocido internacionalmente como un crimen de lesa humanidad tal y como lo establecen la Convención Internacional sobre la Represión y el Crimen de Apartheid (Naciones Unidas: 1973) y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998), cuya jurisdicción rechaza, sin embargo, el Estado judío.
Ese estatuto, que se inspira en los procesos contra los criminales nazis tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, prohíbe toda privación grave de los derechos fundamentales por motivos raciales, étnicos y de otro tipo.
Entre otras cosas, ese estatuto prohíbe los traslados forzosos de poblaciones, la expropiación de tierras, la creación de reservas y de guetos y la denegación del derecho de las personas a salir de su país o de regresar al mismo o a tener una nacionalidad.
Israel se niega a permitir el retorno de los más de 700.000 palestinos que huyeron o fueron expulsados de sus tierras en 1948, cerca de la mitad de los que vivían allí antes de la primera guerra árabe-israelí, así como de sus descendientes.
El Estado de Palestina, que reconocen 135 países, entre los que no están Alemania ni otros europeos, es parte del tratado del Estatuto de Roma y de la Convención sobre el Apartheid, lo que ha permitido a la Corte Penal Internacional anunciar en marzo de este año la apertura de una investigación sobre la situación allí.
