Con todo respeto, la noticia que acaba de publicar este periódico acerca de la “eficacia” de las multas impuestas por infracción a las normas antiCOVID –entre miles de ellas, se cobraron menos de 300– es la mejor prueba posible para tomar en serio el aviso que, sobre el posible caos tras el estado de alarma, cursó el presidente de la Xunta. Y de paso reclamar que la negociación entre Madrid y Santiago para desatascar el conflicto sobre la Lei da Saúde sea rápida y positiva, de modo que pueda servir de precedente al resto de las comunidades autónomas; y a ser posible, que incluya un sistema de sanciones serio que desanime a posibles infractores y dé apoyo a la Policía.
(Cuyos miembros, por cierto, se quedan sin vacunar o, como está ocurriendo en Cataluña y ordena corregir su Tribunal Superior de Justicia, sin que el ministro del que dependen, Marlaska, se diese por enterado. Un respaldo que parece necesario también para la tarea de los agentes que han de imponer esas sanciones y para aportar criterios claros a los jueces que han de resolver los recursos contra ellas. Y es posible que se precise una normativa específica ante las fiestas ilegales, las rutas turísticas del alcohol y las drogas y otras minucias que dan una imagen de España que no anima precisamente a facilitar ayudas bajo el lema de luchar contra la pandemia).
Este panorama, que se comprueba con una mirada, no es responsabilidad de la gran mayoría de los habitantes de estos Reinos. Puede que algunos de los que habitan en el Olimpo del oficio político lo nieguen, pero cala en la gente, la desanima y quizá algún día, cuando antes de votar se reflexione, les salga caro a quienes deberían impedirlo y no lo hacen. Por eso, al menos desde una opinión personal, la Xunta tiene razón cuando denuncia los riesgos de la carencia de alternativas al estado de alarma; lo que no quiere decir que esté por su renovación, sino simplemente que urge lo que alguien llamó un “Plan B” y del que nunca más se supo.
Expuesto lo anterior, y sin ánimo de echar más leña al fuego, no estorbará una referencia a algo que se ha puesto sobre el tapete desde Galicia y que a la señora ministra no parece complacer: los certificados de vacunación. Porque contribuirán a facilitar la movilidad de quienes viajan y la seguridad de los propios viajeros al salir y al llegar. Parece de Pero Grullo, pero aun así existe el riesgo de que si se centraliza por ejemplo en la burocracia europea, como lo del pasaporte sanitario verbigratia, sea más fácil llegar a la Luna que al Uruguay. Y para tenerlo del todo claro basta y sobra el espectáculo del reparto de las vacunas.
A estas alturas parece poco discutible que España está todavía anclada en la confusión. La coalición gobernante toma decisiones urgentes, como la suspensión de vuelos con la bomba vírica que hoy es la India, con días de retraso con respecto a varios de los países de Europa y, para colmo, el señor Simón afirma que “no hay peligro”, lo mismo que dijo sobre la variante británica hace meses y ahora es la predominante aquí. Instalado además y como queda dicho, en el absurdo de cambiar de criterio cada semana –a veces de un día para otro–, procede reclamar, como lo han hecho el Gobierno gallego y varios de otras comunidades, al menos lo hecho por la señora Merkel: un criterio común ante la desescalada, sea cuando fuere su comienzo, que vaya más allá del “hemos vencido al virus”, una frase que debería colorear las mejillas del señor Sánchez desde julio de 2020, cuando la dijo. Y que hoy, visto lo visto, no necesita más comentario.
¿Eh...?
