Quedó dicho en su momento que habría sido interesante el duelo –dialéctico, por supuesto– entre el vicepresidente primero de la Xunta y el ministro de Política Territorial acerca del recurso que el Gobierno presentó contra la Lei de Saúde. La cosa se chafó tras la decisión del Tribunal de aceptar a trámite la iniciativa del Gabinete del señor Sánchez, lo que implica la suspensión cautelar de la reforma gallega hasta que el Constitucional decida sobre el fondo de la cuestión. Mientras, se anunció la creación de una Comisión Mixta para dialogar acerca de algún tipo de acuerdo, algo que ahora mismo suena raro. Por extemporáneo, al menos.
No se pretende afirmar que un pacto resulte inoportuno, porque más vale un mal acuerdo que un buen pleito; ni imposible, porque hasta que se produzca el fallo judicial habrá tiempo para, si se quiere de verdad, lograrlo. Pero más lógico –y de ahí lo de extemporáneo– hubiese sido que, antes, las partes lo hubiesen hablado y/o discutido: la Xunta previamente a la aprobación de la ley y, el Gobierno, avisando de que estaba dispuesto a recurrir. De la ausencia de esos contactos cabe deducir que lo que no hubo fue ni diálogo ni siquiera la comunicación que debería haber existido entre ambos sobre un asunto tan serio como este.
Porque en verdad lo es: muy serio. No cabe considerar exagerada la afirmación si se tiene en cuenta que el pleito se refiere a qué podrán hacer las comunidades cuando finalice dentro de unos pocos días el estado de alarma. El presidente gallego advirtió del riesgo de “caos” ante la falta de legislación ordinaria que aplicar y el Gobierno, como es habitual, hizo oídos sordos a lo que no lleve remite catalán, vasco o podemita, aunque en lo del vacío legal es más que posible que el señor Feijóo lleve razón. E incluso, oídos los disparates de la señora vicepresidenta Calvo, resulta hasta probable: doña Carmen, a veces, tiene un aire como despistado.
El caso es que a estas alturas, y después de la dejación de funciones que Moncloa y sus entornos han practicado ante la pandemia, resulta insólito que de la “cogobernanza” se pase sin más, políticamente hablando, a pretender que todo quisque obedezca a la voz de “¡ar…!”. Es casi seguro, al decir de no pocos especialistas, que la Xunta pierda un pleito que, además de evitable, resulta chocante: la izquierda se pasó años criticando la “judicialización de la política”, pero cuando le conviene cambia el chip, y a otra cosa mariposa. El ejemplo más reciente es el de Gabilondo, Iglesias y la súbita conversión del socialista a la fe del otro. Vaya.
Así las cosas, y además del ridículo –añadido al de ambos litigantes por tal condición– que hará el que pierda, en este caso no debiera olvidarse la confusión que amenaza a la sociedad hasta que no sepa con exactitud qué puede o debe hacer sin riesgo de que le endosen multas notables a los presuntos infractores. Y cabe preguntarse si para la ciudadanía, acostumbrada a que muchos políticos le tomen el pelo, no será demasiado castigo que se lo hagan ahora también las farmacéuticas con el affaire de las vacunas y hasta los negacionistas, que forman parte del problema y aún así son los beneficiados principales de un espectáculo tan confuso como lamentable que están protagonizando la UE y los Gobiernos comunitarios que dejaron a su cargo la gestión del remedio contra la pandemia.
Conste…
