Declarada por su presidente –en líneas generales: este tipo de anuncios provocan interés, pero necesitan paciencia hasta que se desarrollan– la intención de la Xunta de reducir nada menos que en 230.000 pacientes las listas de espera de la sanidad gallega, procede desearle éxito. Por la cuenta que le tiene a ese casi cuarto de millón de personas, a la salud pública de la población y a demostrar –ojalá que definitivamente– que el Sergas está preparado para afrontar cualquier tipo de desafío. Podría haber añadido, su señoría, el condicional “siempre que cuente con los recursos humanos y materiales”, pero ese tipo de especificaciones no son habituales ni siquiera entre los políticos con experiencia demostrada en la gestión.

De ahí que por ahora basta con la voluntad expuesta y con una pista acerca de su “Plan de choque”: resumido, consistirá en que los que aguardan en esas listas serán atendidos no solo en los centros que les corresponden, sino en cualquier otro con capacidad, especialidades y en la adecuada cercanía a los domicilios de los pacientes. O sea, que el Ejecutivo gallego quiere poner a pleno rendimiento la capacidad de su sistema sanitario para superar así cuanto antes un efecto colateral que la pandemia ha causado en citas y/o intervenciones. Se trataría, en opinión personal, de atender, ahora que el COVID-19 parece a punto de remitir, lo pendiente.

Lo que está por ver –aparte de que remita el coronavirus– es si el ambicioso objetivo de la Xunta con su presidente a la cabeza se puede cumplir en tiempo y forma razonables. Todo dependerá, como siempre, de los medios y de la gestión, pero al fin y al cabo si la Política, con mayúscula, es el arte de hacer posible lo necesario, el señor Feijóo tiene la posibilidad de ratificarlo definitivamente. Y, en cierto modo, la oportunidad de demostrarle a los escépticos que el sistema público gallego está a la altura de los mejores, y a los incrédulos que eso es así sin las privatizaciones que siempre que hay oportunidad le imputan.

(En este punto, y antes de rematar, no debiera olvidarse que si un sistema público de salud ha de ser sostenible, tarde o temprano habrá que modificar –ligeramente– el relativo concepto de gratuidad que ahora mismo tiene. Lo cual no implica cobrar a los pacientes por cada acto sanitario, pero sí estudiar muy despacio la hipótesis del copago en determinadas circunstancias médicas y/o personales. Será una medida impopular que para tomarse necesitará coraje –y una idea clara del concepto “público”, que no puede excluir la sostenibilidad para sobrevivir–, pero imprescindible. La duda está en si habrá quien le ponga cascabel al gato).

Sea como fuere, el anuncio de don Alberto Núñez también constituye una prueba para responder a los muchos que defienden la necesidad de más personal y material sanitario, así como para aprovechar a fondo todas las posibilidades actuales del Sergas. Incluyendo entre los fines a conseguir una reforma a fondo de la gestión, dignificando las condiciones laborales de una gran parte de su personal –por otra parte, escaso, como se ha comprobado en estos meses– y rentabilizando el uso de sus instalaciones. El plan de choque también puede producir algún shock –y no se pretende el juego de palabras, pero es oportuno– en determinados estamentos, pero gobernar es decidir y, para hacerlo, como para pescar ranas, hay que mojarse el culo. Con perdón, pero así de claro.

¿O no...?