Solo unas pocas horas median en esta ciudad entre la celebración hoy mismo del noventa aniversario de la proclamación de la Republica en España y la retirada anteayer del nombre del rey Juan Carlos I del callejero local por acuerdo plenario, con BNG y PSOE a favor, y PP e independiente (Goyo Revenga, ex Cs) en contra. ¡Vaya contrasentido!
El advenimiento republicado trajo consigo el cambio de nombre por aquella corporación municipal de algunas calles pontevedresas, aunque no tantas como pudiera suponerse desde la perspectiva actual. Esas bruscas alteraciones del histórico callejero, tanto aquí como en todo el país, bascularon sobre dos ideas esenciales: de un lado, la tajante fulminación de toda referencia de signo monárquico; y de otro lado, el exaltamiento apasionado de figuras republicanas de cualquier pelaje. Algo de aquello está hoy muy vigente.
El equipo de gobierno del alcalde Lores tiene en su debe, dentro de esa modificación del callejero, un sonoro patinazo a cuenta de la pretendida retirada del nombre de Javier Puig Llamas. Entonces el BNG hizo suya una propuesta ignorante de Marea y enseguida le cayó un buen chorreo, porque tratar de amparar aquel cambio en la aplicación legislativa de la memoria histórica, además de un gran error fue una vergonzosa ignominia. Cinco años después, tal decisión parece hoy invernada y duerme el sueño de los justos, puesto que nunca se propuso una nominación alternativa.
En esta ocasión, el ciudadano Luís Herrera Rodríguez ha ejercido como tocapelotas del gobierno municipal -si se prefiere, Pepito Grillo en fino- para tratar de enmendarle la plana, y ha recurrido la sustitución de Juan Carlos I por Virxinia Pereira, alegando una falta de fundamentación, tanto jurídica como moral. El portavoz de la oposición, Rafael Domínguez ha preferido hablar de fallos administrativos en la tramitación del oportuno expediente, que viene a ser lo mismo aunque dicho de otra forma; mientras que para Carmen Fouces, se trata de una “decisión política” pura y dura, sin vuelta de hoja.
El Meollo de la cuestión está en saber si el ciudadano pejiguero seguirá adelante con su cruzada en solitario y buscará la judicialización del asunto, al tiempo que discernir si el expediente municipal del cambio referido está tan bien argumentado como cree Carmen Fouces o, por el contrario, presenta los fallos denunciados por Rafael Domínguez.
