La pesca mundial está experimentando una nueva deriva, en un esfuerzo por parte de determinados países costeros por apropiarse de zonas internacionales de los océanos mucho más allá de lo que se contempla en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El sector pesquero europeo ha de ser defendido por las instituciones nacionales y europeas de estos excesos. Noruega no se caracteriza por ser un país generoso con los europeos a pesar de la generosidad con la que la Unión Europea trata sus productos y empresas, a quienes otorga plena libertad para actuar en el territorio de la Unión sin que Noruega ofrezca reciprocidad alguna. Hay que poner fin a esta situación para evitar que se agrave. No se puede conceder ningún derecho ni un metro más allá de las 200 millas ni se puede reconocer ningún otro estatus legal que el establecido por la Convención para las Zonas Económicas Exclusivas. Nada de lo que hacen las autoridades noruegas es inocente. El mapa oficial de las aguas jurisdiccionales Noruega reconoce tres zonas distintas: la Zona Económica Exclusiva que está de acuerdo con Convemar, la zona alrededor de Svalbard que ellos mismos denominan Zona de Protección Pesquera, que no existe como zona legalmente reconocida en la Convención Internacional, y la Zona Pesquera en torno a Jan Mayen, que tampoco lo está. Esta última son lisa y llanamente aguas internacionales y así deben de seguir siéndolo. Esta presentación por parte de Noruega busca una expansión de su jurisdicción marítima por la vía de los hechos consumados. Las aguas en torno a Svalbard, como dijimos en un artículo anterior, están sujetas al Tratado de París y los países signatarios, uno por uno, tienen allí los mismos derechos de explotación pesquera y minera (petróleo incluido) que Noruega y, si así lo desean, de instalarse en tierra, como hicieron los rusos durante muchos años. Hay que parar los pies a un país que le niega las pensiones a nuestros marineros y que nos trata peor que a los británicos. Es un tema jurídico en torno a derechos que tienen repercusiones sobre los ciudadanos europeos y sobre todo sobre los que practican la pesca; recordemos que cada uno de sus Estados de bandera, tiene idénticos derechos pesqueros que Noruega. La Unión Europea debe de dejar ya de buscar acuerdos con un país cada vez más soberbio: es necesario estudiar a fondo cuál es el alcance de los Tratados y los derechos que los pescadores europeos tienen. Los derechos individuales no se pueden negociar en aras de llevarse bien con un país que discrimina de esa manera a nuestras empresas pesqueras. La Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo tienen que espabilar y dejar de dar la sensación de que no se interesa por la defensa de los derechos de una parte sustancial de sus ciudadanos. Ha llegado el momento de decirle a Noruega que o se comporta de manera acorde con el mercado único al que tiene acceso, o en la Unión no entra ni un kilo más de productos pesqueros o de una acuicultura que recibe un montón de ayudas de estado, que en la Unión Europea no se otorgan de la misma manera. Hay que analizar también todo esto a la luz de las normas europeas de la Competencia. Es el momento de que nuestros representantes en las instituciones europeas espabilen y den la impresión de que se leen los textos pertinentes y defienden un sector ya excesiva e injustamente denostado y maltratado.