Dice un viejo refrán que “hay cosas que antes de asar, ya pringan”, y bien podría aplicarse –incluso en su faceta preventiva– a la extraña reglamentación que despacha la Xunta para tramitar los proyectos que aspiran a financiación europea con vistas a la “reconstrucción” económica post/COVID. Y podría hablarse de extrañeza por partida doble: porque se abone un plus a quienes, voluntariamente, se responsabilicen de la tramitación y despacho y, por otra, a que algunos de ellos podrán cuadruplicar el bonus, según publica FARO DE VIGO. Hay, por supuesto, una serie de requisitos, pero no aclaran bien la razón de los superpluses.
Así las cosas, y dado que no están los tiempos para la lírica, resultaría útil, aparte de necesaria esa norma –la transparencia– que tanto se predica y apenas se aplica, según la cual una sociedad democrática debe responder como mínimo al principio del control parlamentario a las decisiones de quien gobierne. De forma especial cuando hay motivos para la duda, que es el caso, no tanto de ilegalidad cuanto de arbitrariedad. Y el mejor modo de eliminar las incógnitas consiste en que quien puede exija datos y quien debe los aporte. Y como este asunto ya es público, razón de más para que aquella transparencia lo sea del todo y sin disfraces.
Conste que, al menos en opinión personal de quien escribe, los recovecos de la Administración no pueden convertirse en un laberinto, y menos aún que unos pocos dispongan de mapa previamente apañado para que puedan recorrerlo sin problemas. Punto de vista que se hace constar solo desde el animus opinandi, pero que probablemente compartirán no pocos funcionarios y empleados públicos que no formen parte del “voluntariado” para la tramitación de trabajos que podrían suponer muchos millones de euros para sus autores. Otra razón, por cierto, para que exista un especial esmero a la hora de aportar claridad a las decisiones.
Que la extrañeza que produce el pintoresco sistema de pluses y superpluses es compartida lo demuestra el rechazo rotundo de dos sindicatos muy diferentes, como la CIG y el mayoritario en el sector que parece ser la CSIF, frente a otros dos de cierto nombradío, pero más “dóciles” en según qué asuntos, como a veces aparecen UGT y Comisiones Obreras. En este punto resultaría quizá ilustrativo que, cuando estén formados definitivamente los grupos de trabajo, se tenga en cuenta también la opinión de la organización empresarial, la CEG, que tendrá seguramente algo que decir, al menos desde su óptica particular.
Conste que las suspicacias a que se refiere quien esto escribe han salido ya a la opinión pública desde una autodenominada “plataforma” que agrupa a varias agrupaciones. Que reclaman, con otras palabras, luz y taquígrafos en todo el proceso no solo de propuestas de financiación, sino sobre la selección previa entre los muchos proyectos presentados. Parecen temer que los grandes intereses y/o empresas copen los fondos. Y tal como está el ambiente –aunque los líos tienen más o menos difusión en función de quien los protagonice, y la derecha padece desigualdad de trato– lo prudente sería controlar muy de cerca todo el proceso, de principio a fin, para evitar las dichas suspicacias y los malos entendidos.
¿No…?
