Uno de los efectos característicos cuando se reparte dinero público es el desacuerdo entre los destinatarios. Cierto que el volumen de la discrepancia depende de los criterios que se utilicen al distribuir los recursos, pero no hay –o al menos se ignora por el momento– un método que satisfaga a todos. Lo que más se aproximaría a una fórmula que rebajase el nivel de las protestas tendría que pasar por el análisis concienzudo y abierto de las razones que, además de malestar, generan injusticia. Y examinar a fondo las causas por las que son casi siempre los mismos quienes llevan la parte del león y los que se quedan con los restos.
Sin necesidad de inventar lo que ya existe, es evidente que el reparto se hace partiendo de criterios poblacionales: la comunidad que más habitantes tiene, más dinero recibe, salvo casos especiales que puedan justificar una variación sustancial. Cuentan otros, objetivos pero interpretables, como el PIB pero, aun teniéndolos en cuenta, las protestas apenas han descendido. E incluso aumentan en los últimos tiempos a causa de la distribución de los Fondos Europeos por el COVID-19 y para la Reconstrucción. Y son tan sonoras o más que las que suscita la de la financiación autonómica, pendiente todavía de reforma, dicho sea de paso.
Galicia está, se apliquen los parámetros que se quieran, entre las más perjudicadas y, por ello, en la lista de las que más necesitan equidad de quienes deciden cuánto y cómo deben recibirse los Fondos. Bien entendido que se trata de justicia distributiva, como tantas veces se ha dicho, y que a la vista de casos recientes no es precisamente el concepto que aplica quien se ha dado a sí mismo –con el apoyo mediante abstención de Vox: cousas veredes...– la exclusiva capacidad de decidir, que es el presidente Sánchez. Y en esas condiciones sigue este antiguo Reino, a pesar de que para lo que sirven sus reclamaciones es para perder la paciencia.
Lo cierto es que, respetando el referente –como principal, pero no único– del criterio poblacional, porque tiene lógica social y económica, es preciso hacer más sitio para las excepciones. O las correcciones, si suena mejor: Galicia tiene, como es público y notorio, una media de edad en sus habitantes muy superior a la de España. Y eso obliga a tenerlo en cuenta a la hora de repartir vacunas –porque los años son un factor de riesgo ante el coronavirus, o al menos eso predican los comités de expertos que, sin embarco, no aplican el discurso–. Y la dispersión territorial es otro elemento de corrección de los repartos, ya que encarece sobremanera los servicios públicos y hay que tenerlo en cuenta.
Conste que las dos características, a las que podrían añadirse otros elementos, no son nuevas, ni su ausencia a la hora de las decisiones exclusiva del actual Gobierno. Ni los de los señores Aznar, Zapatero y Rajoy los tuvieron en cuenta –es una opinión personal– en la debida proporción presupuestaria, y aunque no se trata de mirar atrás para establecer una conclusión definitiva, sí parece útil para otra comparativa que permita atender al panorama que hay por delante y saber a qué atenerse. Además, por supuesto, de colaborar en la hora de fijar criterios justos y eliminar protestas que, por otra parte, son inútiles.
¿Eh...?
