Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Ignacio López-Chaves Castro opinador

Poder elegir la educación en libertad

Es evidente que la mayor preocupación que tenemos los padres y madres son nuestros hijos. Empieza ya antes de que nazcan y nos acompaña durante toda nuestra vida. Que tengan buena salud, que disfruten con sus amigos, que aprendan en el colegio, que sean personas de principios. Nadie los conoce ni los quiere como nosotros, por eso, mientras son menores, decidimos por ellos y siempre buscamos lo mejor.

Pero ahora ya no va a ser así, otros van a decidir sobre nuestros hijos. Otros que no saben ni quiénes son, que nunca los han visto, otros que no han pasado ni una sola noche en vela con ellos cuando están enfermos. Esos otros, que ni sus nombres saben, ni cuál es su comida favorita, ni lo que les asusta o les da alegría, quieren determinar una de los aspectos más importantes de la vida de nuestros hijos: su educación. Quieren ser ellos quienes elijan el tipo de centro educativo donde van a estudiar sin que las madres y padres podamos opinar. Podemos elegir el centro sanitario de nuestros hijos, si van o no van a campamentos en verano, el lugar donde van a vivir, incluso podemos adoptar acuerdos sobre su salud o su vida, pero lo que no nos van a dejar es decidir el tipo de centro educativo donde van a estudiar.

Siempre que una madre o un padre decidimos algo sobre nuestros hijos lo hacemos porque sabemos que es lo mejor para ellos, nunca será para perjudicarles. Hay excepciones, como todo en la vida, pero la nueva Ley Orgánica de Educación, conocida como ley Celáa, lo que hace es que otros, que no saben ni quiénes son nuestros hijos, decidan donde van a estudiar.

Es curioso que una norma de la importancia de una ley orgánica de educación se haya aprobado durante una época tan oscura como es un estado de alarma, cuando tenemos limitados nuestros derechos y nuestra lucha es contra la pandemia y la crisis económica. Es extraordinario que se haya hecho sin informe del Consejo de Estado, sin contar con la participación pública de la comunidad educativa y de todos los interesados y afectados. Es llamativo que la ley elimine al español como lengua vehicular, la religión como materia computable y la inspección educativa como cuerpo independiente y que se haya aprobado en el Congreso con un solo voto más de los que se necesitan para la mayoría absoluta. Todo ello demuestra que no existió nunca voluntad por el Gobierno de llegar a un acuerdo ni de trabajar juntos para regular el derecho a la educación. Perseguían otra cosa. Decían que de la pandemia solo se podría salir unidos. Fue solo retórica y terminología propagandística. Como decía Aldous Huxley “cuanto más siniestros son los deseos de un político, más pomposa, en general, se vuelve la nobleza de su lenguaje”.

Yo estudié en el colegio de los Maristas de Vigo, como lo hicieron mi padre y mi abuelo. Mucho cambió todo desde que mi abuelo empezó en un piso de la calle Policarpo Sanz, donde la Orden se habían establecido al llegar a nuestra ciudad. Con el paso de los años se logró que la educación fuese universal, gratuita y con libertad de elección del modelo educativo. Ahora empiezan los recortes de esos derechos, desaparece la libertad de elección. No es nada nuevo, ciertas ideologías y regímenes lo han intentado a lo largo de la historia.

Pero lo que no ha cambiado nunca en estos años es el amor y la preocupación que tenemos por nuestros hijos y nuestro deseo de poder elegir para ellos lo mejor. Y en ello, los padres y las madres, persistiremos.

*Presidente de la Comisión Galega da Competencia

Compartir el artículo

stats