Es una buena noticia, sin duda –aunque la pandemia lo ocupe casi todo–, esa de que la previsión de crecimiento de los campus universitarios gallegos para los próximos años supera en un 9% el nivel actual. Y lo es no solo por lo que significará en lo que a ingresos se refiere –las matrículas siguen siendo una fuente nada desdeñable– sino por el prestigio que supone para sus respectivas universidades, con su profesorado a la cabeza, la demanda de plazas. Y ese prestigio, como en otras áreas de la actividad, implica por extensión a los campus y por tanto a las ciudades que los acogen y a las empresas que reciben y dan colaboración a sus actividades.
Conste que la expectativa, en todo caso alentadora, supone un porcentaje moderado si se compara con los que otras comunidades manejan. Una moderación, la gallega, que resulta de los años de antigüedad con que cuentan Vigo y A Coruña en un terreno donde se hace realidad lo de que la experiencia es un grado. Pero, aún así, ambas –la de Santiago forjó ya carácter hace mucho– han progresado más que adecuadamente, y la prueba del algodón es esa demanda de plazas que se comenta. Por eso aparece como una suerte de obligación, satisfacer en lo posible esas peticiones, con referencia especial a la investigación.
Resulta obvio que la cuestión financiera es la clave, como también lo es que no hay mejor inversión que la que se destina a los cerebros y a evitar su fuga. Con ello se consigue lo principal y a continuación, muy de cerca, es preciso atender a una provisión de recursos que nunca serían bastantes, por lo que habrán de diversificar sus fuentes. Y por tanto, además de las arcas púbicas –porque de la enseñanza superior de ese carácter es de la que se habla– tendrá que considerarse la participación del sector privado mediante la contratación por este de servicios profesionales que aquellas puedan prestar. Ya se está haciendo, pero ese capítulo tiene que crecer.
Es ya un hecho no solo que la pandemia de COVID-19 le ha costado la vida a miles de gallegos y gallegas, sino que ha cambiado –aunque no todos se avengan a aceptarlo sin más– las del resto de la población. Y no solo ahora, sino en un plazo futuro que está sin determinar, los usos y costumbres variarán, y con ellos gran parte de lo que hasta el momento ha venido considerándose “normal”. Y esa transformación alcanzará sin duda el terreno de la Educación tanto en lo que respecta al profesorado como a los alumnos y a los modos de la docencia a todos los niveles. Y, por lógica, el que primero deberá prepararse es el sector universitario, aunque solo fuere por su proximidad al momento de incorporarse a su mundo.
Todo eso, por supuesto desde una opinión personal, va a necesitar –de inmediato– proyectos que permitan la incorporación de la enseñanza a la nueva realidad, en un sentido mucho más amplio que el de la corta definición que en su día diera el presidente Sánchez. Pero no parece que ese aspecto haya desembocado en un interés activo por abordar el cambio, en contraste con la actividad mercantil, que alumbra propuestas a un ritmo que produce cierta sorpresa, aunque no haya muchos datos concretos. Es posible que en el caso de este Reino sus universidades estén colaborando, pero tampoco abundan las estadísticas. Y es un capítulo clave, como el de la apertura a la iniciativa privada de la enseñanza superior, aunque esa es otra historia sobre la que habrá que volver.
¿No…?
