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Joaquín Rábago.

360 grados

Joaquín Rábago

Burocracia y federalismo lastran la rapidez de respuesta alemana

Solemos quejarnos con toda razón los españoles de la lentitud de nuestras administraciones, tanto la central como las autonómicas, pero no le va mucho mejor al país más importante de Europa.

Critican, por ejemplo, los medios de ese país el hecho de que más de un millón y medio de dosis de la vacuna AstraZeneca siguiesen hasta hace poco almacenadas sin que nadie las hubiera aún utilizado.

O de que lo mismo ocurriera con 3.400 millones de euros aprobados por el Bundestag (Parlamento) para luchar contra el cambio climático o con 2.100 millones destinados a ampliar la red de fibra óptica.

O que el nuevo aeropuerto de Berlín, al fin y al cabo la capital del país central de Europa, tardara nueve años en construirse y además con un sobrecoste fuera de la normal.

Y comparan tales muestras de ineficacia con el hecho de que la pequeña República Helvética terminara en sólo diecisiete años un túnel de 57 kilómetros a través de los Alpes.

O que incluso en esa Italia tan despreciada muchas veces por los teutones se hubiera conseguido en dos años y medios inaugurar un nuevo puente en sustitución del que se derrumbó en Génova.

Algún medio, como el semanario “Die Zeit”, culpa en parte de lo que ocurre a la estructura federal del Estado, que, si bien tiene indudables ventajas en muchos casos, significa rémoras en aquellos otros en los que se requiere celeridad.

Es lo que ocurre, por ejemplo, en la lucha contra la actual pandemia del COVID-19 cuando, para desesperación de la propia canciller alemana, Angela Merkel, tan difícil está resultando poner de acuerdo a los gobiernos de los dieciséis“bundesländer”.

A lo que se suma la ineptitud que se atribuye al actual ministro federal de Sanidad, Jens Spahn, del sector más conservador de la CDU, de quien algunos dicen que no habría durado una semana más en el cargo si fuera alcalde de un modesto municipio.

Se critica sobre todo el desastroso proceso de compra de las vacunas contra el coronavirus, en el que Alemania debió haber presionado más a la Comisión Europea y haber sobre todo vigilado que se formularan mejor los contratos para evitar todos los fallos actuales.

Se critica el desastroso proceso de compra de las vacunas, en el que Alemania debió haber presionado más a la CE

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A todo ello se suma el caos que han venido observando los ciudadanos en la toma de decisiones por parte de los jefes de los gobiernos regionales, que hacen pensar a algunos que, en casos de emergencia como es una pandemia, sería mucho más operativo centralizar las decisiones.

Esto es algo que puede hacerse sin necesidad de retorcer la Ley fundamental alemana, pues esta fija claramente cuáles son las competencias de los “länder” y cuales las del Gobierno federal.

Así, la Constitución establece que “las medidas contra las enfermedades infecciosas y peligrosas para el conjunto de la comunidad” son competencia federal.

Ocurre, sin embargo, que el Gobierno federal facultó en su día a cada uno de los “länder” para que tomara las medidas que considerara oportunas contra la COVID-19, por lo que, para retirárselas ahora, se necesitaría el voto mayoritario del Parlamento.

En el caso de que esto último ocurriera, el Gobierno federal de coalición podría dictar las medidas que considerara oportunas sobre mascarillas, distribución de vacunas o comercios no esenciales, medidas que podrían, eso sí, modularse según los niveles de incidencia en cada “land”.

En lo único en lo que no podría meter Berlín sus narices es en lo relativo al cierre o apertura de escuelas, ya que esto es competencia exclusivísima de cada uno de los “bundesländer”.

Sin que esto nos sirva de consuelo a los españoles, vemos una vez más, por lo que sucede en la supuestamente eficiente Alemania, que, como dice el refrán, “en todas partes cueces habas”.

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