A la vista de las cifras de desempleo que ha publicado el INEM, no parece que quienes defienden el cierre de empresas alegando diferentes motivos –incluido el de la salud pública– reciban el plácet de los afectados. En el caso de la factoría que en Lourizán-Pontevedra tiene ENCE, y que fabrica pasta de papel y responde a la reseña popular de “Celulosas”, la campaña del “peche xa” dura casi, o sin él, desde la apertura. Y también, desde entonces, existe la polémica salud-industria, que si tuvo causa, ahora mismo parece algo menor. Datos dixerunt.
Esta es una opinión particular y respetuosa con quienes no la compartan: el debate admitiría argumentos contrarios, todos ellos válidos, que harían las conclusiones antagónicas y refutables. Eso es lo que ocurrió todos estos años y parte de lo que frustró el único intento serio de trasladar la factoría: durante el bipartito PSOE-BNG en la Xunta, con discrepancias entre los socios y un diálogo infructuoso del entonces conselleiro de Medio Ambiente con la dirección de la empresa. Que planteó, por cierto, unas condiciones económicas inasumibles para el entonces gobierno.
Ahora se reaviva el asunto: desde el gobierno municipal se reclama un estudio sobre si la ciudad es “saludable” por razón de la presencia de ENCE. No es nuevo –nada lo es en la polémica–, pero sí se retoma en un momento oportuno, cuando el Gobierno central, al parecer, contempla el cierre en el próximo decenio. Algo también absurdo por cuanto si es necesario desde la óptica de salud habría que hacerlo ya, y si no porque carece de plan alternativo para reducir al menos los efectos directos y ya ni se diga los colaterales. Como en Meirama o en As Pontes.
Una de las constantes en el caso es, curiosamente, la casi absoluta unanimidad en que si hoy se plantease la ubicación de la factoría donde está no se permitiría. Lo cual no resuelve el problema: todo ha cambiado, incluso el complejo fabril, que ya no acoge a “Elnosa”, y ENCE tuvo que cumplir la normativa vigente en la Unión Europea, sin lo que ya estaría cerrada. Y eso reduce el ámbito de una cuestión que hay quien piensa en que es ahora, y sobre todo, un asunto político y electoral. Legítimo, por supuesto, pero a discutir sin trampas retóricas de unos y otros.
Legítimo sería también el estudio sanitario que se reclama. Como lo sería otro, económico, sobre las consecuencias del cierre o traslado –imposible a lugar cercano– en el empleo directo e indirecto, la afección en el Puerto de Marín, en el comercio de la comarca e incluso en el transporte y el plano forestal de Galicia entera. Permitiría la reflexión y una rebaja en el tono, a menudo agrio, en una discusión cuyo fondo requiere calma por su trascendencia. Y que exige alternativas, siquiera por respeto a los afectados inmediatos, que es una plantilla sin otra responsabilidad que ganarse la vida y atender a sus familias. Algo que ahora reclaman en la calle, olvidados por las direcciones de los grandes sindicatos que, al parecer, prefieren no mezclase en el lío. Es absurdo, pero significativo de su papel real, no el que predican.
¿No...?
