En su obra magistral “Castellio contra Calvino. Conciencia contra violencia”, escribe Stefan Zweig: “El empleo de la fuerza bruta produce sus frutos: como siempre, una pequeña pero activa minoría, desde el momento en que muestra arrojo y no hace economías con el terror, es capaz de intimidar a una gran mayoría que, sin embargo, se comporta de modo perezoso”. Modo de comportarse éste que explica el propio Zweig cuando escribe que la mayoría de los hombres teme la propia libertad y siente una nostalgia mesiánica por una existencia libre de problemas, lo cual constituye “el verdadero fermento que allana el camino a todos los profetas sociales y religiosos”.
Por su innegable actualidad, estas palabras, publicadas por tan eminente autor en 1936, podrían haber sido escritas hoy para describir el fenómeno de la lucha callejera que violenta estos días nuestra convivencia democrática utilizando como pretexto el encarcelamiento de un bardo ripioso.
En su columna del pasado lunes, titulada “Spain is different”, Luis Ventoso, tras destacar que la violencia antisistema, sea de derechas o de izquierdas, es un fenómeno político que no es nuevo ni español, añade que en España dicha violencia presenta una novedad: somos la única democracia del mundo que tiene un gobierno con algunos miembros que apoyan a los vándalos frente a la policía y que defienden a un energúmeno que ha sido condenado por los tribunales con todas las garantías.
La ciudadanía no suele creer en conspiraciones encubiertas ni en estrategias políticas que persiguen finalidades ocultas. Se mueve bajo el principio de la buena fe política y parte de que, por lo general, el poder no tiende a extralimitarse. El razonamiento es simple, pero comprensible: si los ciudadanos le damos el monopolio del uso de la fuerza a las autoridades legítimamente constituidas, no parece que tenga sentido que esas mismas autoridades abusen del poder traspasando los límites que establece la ley.
Pero visto el estallido coordinado de las revueltas callejeras violentas que está teniendo lugar estos días en determinadas ciudades de España a toda mente inquieta le surgen al menos las siguientes preguntas: ¿por qué si está admitido el derecho de manifestación en el artículo 21.1 de la Constitución los manifestantes sobrepasan ampliamente los límites de este derecho?, ¿por qué no suele haber proporción entre la razón que se alega para manifestarse y la desmesura con la que se ejercita el derecho de manifestación?, y finalmente ¿por qué en algunas ocasiones tal y como es efectuada la manifestación se convierte en un enfrentamiento entre poderes?
La ciudadanía no suele creer en conspiraciones encubiertas ni en estrategias políticas que persiguen finalidades ocultas.
En lo que respecta a la primera cuestión, debo manifestar que, frente al ejercicio ampliamente sobrepasado del derecho de manifestación, me suele suceder como con el derecho de huelga con piquetes informativos que son notablemente violentos. Hay una clara divergencia entre lo legislado y lo practicado. Lo cual puede dar lugar a un ejercicio arbitrario del derecho: hay exceso en el ejercicio del derecho y la autoridad corrige arbitrariamente el exceso si quiere y hasta donde quiere.
En efecto, según es sabido, es arbitrario lo que no se acomoda a la legalidad, de suerte que, frente a una actividad reglada, la arbitrariedad supone una infracción de la norma, y ante una actividad no reglada o discrecional, conlleva una desviación de poder. Pues bien, siendo la manifestación en lugares de tránsito público una actividad reglada, hay arbitrariedad siempre que se permita su ejercicio violento tras haberse permitido existiendo fundadas razones para esperar graves alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes. Cosa que vino sucediendo en la violentas y dañinas manifestaciones que tuvieron lugar durante estos días.
La segunda cuestión es si ha existido o no la conveniente proporción entre el hecho causante de la manifestación y la respuesta misma en que consistió la conducta de los manifestantes. En el presente caso, se dice que la razón por la que se han iniciado las violentas manifestaciones fue el encarcelamiento de un bardo ripioso, lo cual habría supuesto un ataque contra su libertad de expresión al haber tipificado como delito de expresión una conducta que no debería serlo.
Hay una clara divergencia entre lo legislado y lo practicado. Lo cual puede dar lugar a un ejercicio arbitrario del derecho: hay exceso en el ejercicio del derecho y la autoridad corrige arbitrariamente el exceso si quiere y hasta donde quiere.
A mi modo de ver, a poco que se analicen las cosas no es difícil llegar a la conclusión de que los azotacalles violentos no se manifestaron por la libertad de expresión, ni porque estén en desacuerdo con el ingreso en prisión del reseñando bardo ripioso. Antes al contrario, pienso que a alguien le convenía estratégicamente alterar gravemente la tranquilidad de las calles para aumentar la sensación de desgobierno y ajustar cuentas entre la izquierda gobernante. Hacía falta una chispa para encender la mecha de la lucha callejera y el encarcelamiento del bardo ripioso fue lo suficientemente buena para incendiar las calles.
En el presente caso, tampoco hubo, pues, la aconsejable proporcionalidad entre el motivo originador de las manifestaciones y la excesiva virulencia con que se desarrollaron. Ni siquiera la habría habido aunque consideráramos como real el motivo alegado como disculpa: el encarcelamiento del bardo ripioso para cumplir condena tras un juicio celebrado con todas las garantías.
Finalmente, sobre si es posible que la exacerbación del derecho de manifestación ejercitado en este caso sea debido a una lucha por el poder, creo que la respuesta se obtiene si pensamos quiénes salen ganando con estos altercados, los cuales acaban descubriéndose ellos mismos. Así ha sucedido con Pablo Echenique que ha apoyado expresamente en tweeter a estos jóvenes manifestantes, calificándolos de “antifascistas”. Y lo mismo podría decirse de todos los que les han venido dando la razón. En este punto, cada partido de la coalición tomó su propia posición: el PSOE acabó condenando los hechos, mientras que Unidas Podemos, además de apoyarlos, los consideró como un ejemplo de la falta de normalidad democrática de nuestro país. El Gobierno de coalición dividido y la ciudadanía sufriendo las consecuencias de la división.
