Hay veces en las que los informes de los llamados Consellos, entidades estatutarias creadas para –literalmente, pero en teoría– “aconsejar” o “asesorar” al Ejecutivo sobre asuntos relevantes, lo que logran es abrir polémicas. Cumplen su tarea mediante el sistema de informes que carecen de poder vinculante y, por tanto, basan su efectividad, en todo caso relativa, a la autoritas de sus miembros. A partir de ahí no conviene olvidar que llegan por designación, y de ahí que pueda decirse que la ciudadanía, como tal, solo “está” ahí de modo indirecto. Como en las diputaciones.
Lo dicho es, desde luego, opinión personal, como lo es calificar de polémicos algunos de sus informes, incluso aunque su efecto real no supere las más de las veces al de un mero documento destinado a los archivos. Y sin más función que la de una referencia: la propia definición de “no vinculante” deja su utilidad a criterio del Gobierno al que se destina, y punto. El Ejecutivo, que sí está respaldado por los votos representados en el Parlamento, procura casi siempre no actuar claramente contra tales informes, pero a veces resulta afectado más que beneficiado por ellos.
Esa afectación, contraria en principio a la teoría, ha causado polémicas y desacuerdos importantes sobre todo en los informes del Consello de Contas. Y ahora puede repetirse con el Económico y Social, que es desfavorable para el proyecto de universidad privada de Abanca. Algo que, siempre desde un punto de vista particular, resulta lesivo para los intereses de este Reino en materia de educación superior, sobre todo de cara al futuro. Y lo es porque daña las posibilidades de modernizar y dinamizar cuanto se relaciona con ese nivel académico, que no requiere dinero público y aportará otra visión de la docencia.
Existe un hecho indiscutible: en los países democráticos más desarrollados conviven los dos sectores –público y privado– para garantizar, el primero, la igualdad de oportunidades, mediante sus centros y el sistema de becas, que hay también en el otro. El segundo sirve a un principio básico en el sistema democrático como es el de la libertad de elección. Y, se utilice el “medidor” que se quiera, el informe del CES recuerda de algún modo al sistema, solo que económico, de países en los que “lo público” era tan ensalzado como prohibido lo privado. Y se sabe cómo acabó.
No se trata de hacer comparaciones –casi siempre odiosas– ni de atrapar moscas por el rabo. Pero a la luz de las informaciones publicadas en este periódico, la decisión contraria al proyecto privado se tomó por votación tras desacuerdos importantes entre empresarios y sindicatos. Y de su choque puede deducirse que hay al menos, también, diferencias ideológicas entre unos y otros. Legítimas, desde luego, pero matizables: la empresa busca practicidad y competitividad, que hacen rentable la contratación de titulados superiores. Los sindicatos, a día de hoy, están alineados con las tesis “estatalistas” –lo público es preferible per se– que defiende el Gobierno “progresista” aunque resulten rancias. Y desde dos “trincheras” es imposible dar un consejo.
¿O no...?
