La decisión del Parlamento Europea aprobando las condiciones para la entrega de los fondos postCOVID –entre las que se encuentra los diferentes fines del dinero– recoge algún punto que para Galicia tiene gran importancia y por tanto requiere una atención especial. En concreto el que se refiere a “las infraestructuras ferroviarias para mercancías”, una de las reivindicaciones sobre la que este Reino, junto al norte de Portugal, el Principado de Asturias y la Comunidad de Castilla y León más han insistido, en cuanto que Noroeste peninsular, en los últimos años. Y que está en el aire.
Son conocidas, desde luego, las reiteradas promesas del actual Gobierno central, y las del anterior, garantizando la realización del proyecto en tiempo y forma. Pero ni una cosa ni otra está certificada, más allá de las buenas palabras, algo que contrasta de forma notable con los avances que se han realizado en la ejecución del Corredor Mediterráneo. Que es un logro estratégico para España, pero que sin el Atlántico contribuirá también al desequilibrio real de las posibilidades de futuro del Este y el Oeste. Y hay ya demasiados factores que lo causan como para no advertir acerca de los riesgos de otro más.
Ése es uno de los motivos por los que, desde una opinión particular, se reclama atención, y muy de cerca. Y no por victimismo o localismo –se supone que al menos por esta vez los patrocinadores de tan estúpidas teorías no repitan su monserga–, sino por otras razones, algunas objetivas y otras no. Entre las primeras figura la indudable capacidad de influencia –y por tanto de presión– de Levante para defender sus legítimos intereses. Allí hay unidad social y gobernantes próximos a la coalición PSOE/Podemos y eso, ahora mismo, cuenta y mucho.
Entre las razones subjetivas destaca la de que esa influencia que se cita pudiera dedicarse a acelerar “su” proyecto, lo que sería natural siempre y cuando no se hiciese a costa del Corredor Atlántico. Y dicho con toda franqueza, no existen de momento en el Noroeste motivos –ni precedentes– para confiar en la justicia distributiva de unos fondos cuyo reparto hará el señor Sánchez –por reducir ad simplicem la autoría– desde los criterios que fije a su equipo. Y hay que añadir otro “detalle”: la atención que se reclama no solo ha de fijarse en Madrid, sino en Bruselas, por si tuviera que actuar como árbitro. Nunca se sabe.
Las condiciones para el destino de los 140.000 millones de euros a España incluyen referencias a asuntos territoriales, entre los que pueden, y deberían, acogerse los criterios expuestos reiteradamente por la Xunta acerca de la edad media y la dispersión poblacional –especialmente la primera, también advertida por la UE–, que habría de aplicarse verbigratia en el ritmo y las cantidades entregadas de vacunas si se quieren cumplir los plazos, objetivo que ayer mismo ratificó la presidenta de la Comisión. Y cabe el mismo argumentario para el recelo y la vigilancia, si se quiere utilizar el término. Así que tienen trabajo los políticos gallegos para estas próximas semanas. Todos, por cierto, incluídos los “parientes” del Gobierno central.
¿Verdad?
