A estas alturas debería estar ya lo bastante claro para la mayoría de quienes gobiernan, o aspiran a hacerlo, que lo mejor del sistema democrático es garantizar la pluralidad de los derechos. Y la objetividad –allí donde se mantienen las virtudes de ciencia, prudencia y conciencia que el fraile de Silos aconsejaba al oficio de la gobernanza–, a la hora de admitir que si los habitantes de un país son iguales, han de disponer de las opciones necesarias para ejercer esa igualdad. El papel de lo público es hacerla posible, y no confrontar con lo privado desde el maniqueísmo.
Viene a cuento el prefacio de la polémica creciente en la sociedad española tras la aprobación de la llamada “ley Celáa” que, según parte de la ciudadanía vulnera la libertad de elección de centro y ataca la enseñanza concertada que, al decir de la otra, está respaldada por la Constitución. Pero más allá de los respectivos argumentarios, late otra división, la de “derechas” e “izquierdas” –la ministra llegó a decir que los votantes del PP están “abducidos”– que, más que ideológica, que también, es táctica. Y quien pagará las consecuencias del lío es la enseñanza en general.
(Conste que el debate no se limita a la ESO y el Bachillerato. De modo subyacente “toca” también al nivel superior. No cabe olvidar el malestar de la dirección de Abanca con las condiciones que se establecen para su proyecto de universidad privada que, de facto, afectan a la igualdad a la hora de elegir, y de nuevo a favor de lo público. Una desigualdad tanto menos explicable cuanto en este terreno no se puede hablar de “concertación”: el papel de los gobiernos es solo garantizar que nadie quede excluido de estudios superiores por motivos materiales. Punto.)
La cuestión, sin embargo, no es tan sencilla como unos cuantos párrocos de las respectivas iglesias pretenden plantear. Va de ideología, desde luego, como también de estrategias políticas, pero más aún de libertades e interpretación constitucional. Y en eso, como siempre aquí, las partes coinciden en aceptar que se puedan hacer cosas de modo distinto, pero cada una negándole la razón a la otra. Por eso, seguramente, es por lo que en estos Reinos resulta casi imposible superar las diferencias decimonónicas y llegar a acuerdos elementales en asuntos de interés general.
Sea como fuere, la “ley Celáa” está en vigor, y los gobiernos regionales gobernados por el PSOE y/o sus aliados dirán algo parecido a lo de “dura lex, sed lex”, y harán lo contrario de sus adversarios, que anuncian su propósito de aplicarlas con los recortes que permitan sus Estatutos. En Galicia, el conselleiro dejó claro que “sin romper con la norma”, pero eso como hacer un brindis al sol en día nublado. Y, a la vez, la “derecha” recurrió a los órganos de control democrático de la UE denunciando que la norma viola derechos fundamentales de los individuos. Es jugar con fuego, porque las repercusiones pueden no limitarse a la educación, que ya sería bastante malo, sino a un asunto también clave como los fondos europeos post/Covid. Y esas son palabras mayores: que se lo digan a Polonia y Hungría.
¿Eh…?
