Si pierde la industria, perdemos todos. La transición energética justa, que nadie cuestiona, además de venir acompañada de alternativas para Galicia bajo ningún concepto debe hacer perder a esta comunidad su ya escasa musculatura industrial. Toda la sociedad, no únicamente los políticos, deberían reflexionar sobre ello. Y también preguntarse si lo que pasa con grandes industrias asentadas en esta tierra sería impensable que ocurriera, por ejemplo, en el País Vasco o Cataluña. Decepción, fue la reacción del sector en Galicia tras conocer el estatuto de consumidores electrointensivos por el que relevantes plantas gallegas llevaban esperando con ansia casi dos años. La reacción no es exclusiva de Galicia. También en la vecina Asturias, donde hablan de agravio a la hora de valorar el estatuto. Estamos pues ante otro problema común que, al igual que en infraestructuras, demografía o financiación, obliga al Noroeste a redoblar la batalla por su futuro más únido que nunca.

Las medidas correctoras aprobadas en el estatuto de consumidores electrointensivos, que pretende abaratar el precio de la energía para las grandes corporaciones, ni satisfacen las demandas ni mucho menos disipan la incertidumbre sobre el futuro. El Gobierno autonómico, los empresarios y los sindicatos coinciden en denunciar que la nueva regulación no solo se queda corta sino que incluso genera agravios por territorios. Lo que para el Ejecutivo central aporta seguridad y mejora la competitividad de la industria gallega, para Xunta, sector y sindicatos es insuficiente y deja al territorio en una desventaja que no podrá soportar.

La advertencia de los riesgos que la industria corre está hecha desde que el Gobierno central socialista asumió al llegar a la Moncloa una política energética y unos objetivos verdes sin parangón en Europa. Nadie cuestiona, ni cuestionó nunca, una transición energética justa, pero no se puede lograr con un trágala sin que reviente parte del corazón de la economía. A la espera de este decepcionante decreto electrointensivo, que incumple la palabra dada a los empresarios, han transcurrido dos años de parálisis.

Ninguna de las estrategias de futuro depende de un solo actor, precisa de varios. Como ya hemos dicho en este mismo espacio editorial, nadie va a pensar Galicia por los gallegos. Por encima de las actitudes defensivas conviene plantearse desafíos. De los cruciales está el evaluar las vulnerabilidades de la industria regional y prever sus efectos para encajarlas con plena operatividad en tiempos distintos. En la elección y fijación de las pautas de actuación, a la Xunta le corresponde decidir. Al Gobierno central hay que pedirle que se esfuerce más por sintonizar con Galicia. No basta con buena disposición. Ha de ser mucho más sensible a las opiniones de los interlocutores gallegos para aprobar los problemas, poner el dedo en la yaga para aplicar el tratamiento.

El miope, por usar el mismo término con el que la ministra del ramo, Reyes Maroto, polemizó con sus detractores, no es quien critica la norma, sino aquel que se muestra incapaz de entender su significado para Galicia, extendible a todo el Noroeste, en término de estabilidad laboral. Ahí está el eco de las marchas y movilizaciones de las plantillas de Alcoa, Alu Ibérica, Celsa Atlantic, Ferroatlántica..., reclamando tarifas competitivas para garantizar su futuro.

A priori, el nuevo estatuto no recoge las alegaciones que habían realizado los gobiernos gallego, asturiano y cántabro para conseguir que la rebaja tuviera en especial consideración a las grandes empresas asentadas en estas tres comunidades que comparten un mismo espacio geográfico. El Gobierno diluye las ayudas entre 600 empresas, en perjuicio de las fábricas que más consumen como es el caso de plantas asentadas en este cuadrante peninsular.

Hablamos al referirnos al metal de empresas viables, que funcionan, tractoras de actividad e imprescindibles para nuestro tejido industrial y laboral. El estatuto eléctrico obvia realidades específicas del Noroeste. Muestra comprensión en cambio con consumidores menos relevantes. Gallegos, algunos, pero en especial de Cataluña, Valencia y País Vasco.

La pregunta del millón es qué tienen esas comunidades distinto de Galicia para beneficiarse ahora de una rebaja en la luz. O, por desproveer la cuestión de cualquier matiz localista, ¿qué distingue a alemanes, franceses e italianos para que allí sea factible un trato especial a esas compañías, imposible de afianzar aquí? Todas las metalúrgicas comparables a las nuestras en las grandes potencias europeas cuentan con descuentos perfectamente legales, compatibles con los reglamentos de la UE.

Galicia, y el Noroeste en su conjunto, merece una explicación con la verdad por delante y, además, un plan alternativo realista y menos gravoso. Para que sus grandes empresas tengan una certeza clara sobre cuál será su situación en el futuro. Y para que puedan batirse en igualdad de condiciones con sus competidores ante un panorama incierto.