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Alfonso Villagómez.

Desigualdad ante la COVID

La Xunta de Galicia pretende limitar la movilidad por edades ante la expansión de la COVID en la comunidad. Según parece la medida podría afectar especialmente a los jóvenes, con alta tasa de contagios asintomáticos. Sin embargo, de llevarse a cabo supondría una clara infracción del principio de igualdad y no discriminación.

La igualdad se manifiesta como un valor superior del ordenamiento jurídico (artículo 1.1), que informa el ordenamiento positivo. Del mismo modo, el artículo 14 consagra el derecho a la igualdad formal, excluyendo toda clase de discriminación. Este precepto no contiene un mandato unívoco, sino múltiple: Por un lado, exige la igualdad de trato (igualdad formal) a no ser tratado jurídicamente de manera diferente a quienes se encuentren en la misma situación.

Esta igualdad de trato limita la actuación de los poderes públicos en cuanto que ante supuestos de hecho iguales han de ser aplicadas consecuencias jurídicas también iguales, exigiendo la razonabilidad de las diferencias de trato. Por otro, impone la prohibición de discriminación por causas concretas y expresamente rechazables, incompatibles con la dignidad humana (art. 10), considerándolas como categorías sospechosas de discriminación. De esta proclamación se desprende un derecho accionable ante los tribunales.

En tercer lugar el art. 9.2 CE recoge la igualdad substancial o material, como mandato dirigido a los poderes públicos para la remoción de todos aquellos obstáculos que impidan su realización. Este mandato constitucional no se agota con la interdicción de las discriminaciones, sino que va más allá: faculta y exige, principalmente, a los poderes públicos a que promuevan las condiciones y remuevan los obstáculos para que la igualdad sea real y efectiva.

Discriminar a un grupo específico de personas como son los jóvenes implica su estigmatización. El estigma está asociado a la falta de conocimiento acerca de cómo se propaga el COVID-19, la necesidad de culpar a alguien, el temor a las enfermedades y a la muerte, y a quienes fomentan rumores y mitos.

Ninguna persona ni grupo de personas es más propenso a transmitir COVID-19 que otros. Las emergencias de salud pública, como está demostrando la pandemia, son momentos estresantes para las personas y las comunidades. El temor y la ansiedad con respecto a una enfermedad pueden dar lugar así al estigma social, es decir creencias y actitudes negativas hacia personas, lugares o cosas. El estigma puede dar lugar a rotulaciones, estereotipaciones, y otras conductas negativas hacia las demás personas.

Por tanto, esta medida discriminatoria hacia los jóvenes gallegos no solo es jurídicamente rechazable sino que resultaría socialmente intolerable.

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