Como suelo hacer habitualmente, preciso el sentido de las palabras demoniomanía y adláteres que forman el título de la presente reflexión. Por “demoniomanía” se entiende, según el Diccionario de la RAE, “manía que padece quien se cree poseído del demonio”. Y adlátere quiere decir “persona subordinada a otra de la que parece inseparable”. Califico de adláteres del Gobierno, por encima de todos, a los miembros de Unidas Podemos, pero también a los partidos separatistas de ERC y EH Bildu, principalmente.
Pues bien, si hablo de demoniomanía es porque todos ellos se sienten poseídos, al menos, por dos demonios (en el sentido de la acepción 4 del Diccionario de la RAE “sentimiento u obsesión persistente y torturadora”), que son “la monarquía parlamentaria” y el “Poder Judicial”.
Curiosamente, los dos citados demonios de los adláteres totalitarios del Gobierno están íntimamente vinculados a la libertad y a nuestra convivencia democrática que ha instituido nuestra Constitución vigente.
En varias ocasiones, me he referido al deterioro al que la “goberoposición” (la hidra con dos cabezas, una de gobierno y otra de oposición) somete incesantemente a la Corona, utilizando la vía de hecho de atacar a la Monarquía con la esperanza de que algún día llegue la República, cuando es así que tiene la libertad de proponer la república por la vía legal de la reforma de la Constitución, prevista en los artículos 166 y siguientes de la nuestra Carta Magna.
Ahora, están haciendo lo mismo con el Poder Judicial. Recientemente, han descalificado globalmente a los magistrados hablando de “togas apolilladas”, “franquistas”, “jueces que se revuelven cuando no les gustan las decisiones políticas”, “jueces afines”... Ofensas que, como han señalado desde el Poder Judicial, son reveladoras de los planes que tiene la goberoposición con respecto al tercer poder del Estado.
El martes pasado volvieron a escucharse en el pleno del Congreso ataques a la Justicia, como el del estólido Gabriel Rufián, que se preguntó retóricamente si sería muy distinto el chat en el que un militar retirado hablaba de fusilar a millones de españoles con el que tendrían entre sí los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y como si estuvieran coordinados en sus ataques al Poder Judicial, del que lo que realmente les incomoda es su “independencia”, la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua, aseguró que en “este Estado la justicia no es justicia, es venganza”, ya que existen “fuerzas reaccionarias agazapadas en los poderes del Estado”.
La hidra de las dos cabezas que nos gobierna mantuvo un comportamiento difícil de admitir en cualquier otro ejecutivo de coalición europeo: mientras la cabeza de una de las hidras injuriaba a uno de los poderes del Estado, el Judicial, a cuyos miembros tachó de franquistas o prevaricadores, la cabeza de la otra guardaba el silencio cómplice del que otorga al callar. Y en una especie de esperpento el PSOE, lejos de parar los pies a sus adláteres insultantes, se ensañaron con la oposición que fue la única que reclamó respeto para tan importante poder del Estado.
La razón de este feroz ataque contra la independencia del Poder Judicial se explica, además de que debido a su totalitarismo prefieren un Poder Judicial sumiso, porque están empezando a llegar a los tribunales causas debidas a sus actividades presuntamente delictivas. De todos son conocidas las causas abiertas contra la propia formación Unidas Podemos, así como con algunos de sus líderes. Hasta ahora la propia lentitud de la Justicia hizo posible que vieran sus problemas con la justicia como muy lejanos. Pero siendo cierto que, si bien la justicia es lenta, acaba llegando, la están viendo a la vuelta de la esquina, razón por la cual siguen la táctica de que la mejor defensa es un ataque. De suerte que si vamos preparando a la opinión pública diciéndole que los jueces son franquistas y prevaricadores, su posible condena ya les llegará deslegitimada.
Lo que no podían imaginar estos asaltantes al Poder Judicial es que la Unión Europea tomaría cartas en el asunto para preservar en toda la Unión y, consiguientemente en España, la independencia de la justicia. Y así, primero fue Didier Reynders, el comisario europeo de Justicia, el que hace bien poco señaló la importancia de evitar todo tipo de influencia política en el nombramiento de los jueces.
Estos días el propio Parlamento Europeo emitió un comunicado relacionando la percepción de los fondos europeos para la recuperación económica con la independencia de la judicatura. En el comunicado se dice: “La norma (de la retirada de los fondos) será aplicable ante infracciones puntuales o sistémicas y no sólo se aplicará en caso de mala gestión directa de los fondos derivados de corrupción o fraude. También servirá para hacer frente a infracciones sistémicas de los valores fundamentales, como la democracia o a independencia de la judicatura, cuando esas vulneraciones afecten –o amenacen hacerlo– a la gestión de los fondos europeos”.
En la misma línea, el pleno del Consejo del Poder Judicial en la reunión del pasado jueves acordó mayoritariamente que, antes de aprobar la reforma legal de que el Consejo en funciones no pueda hacer nombramientos de magistrados, el Congreso solicite un informe al CGPJ y a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.
A los ciudadanos que vivimos en el olvido de los del montón debe llenarnos de tranquilidad que el Poder Judicial siga defendiendo con ardor su independencia frente a los poderes subordinados legislativo y ejecutivo. Y sobre todo que la propia Unión Europea haya hecho saber a la goberoposición que si insisten en asaltar el Poder Judicial pueden perder los fondos europeos. “Aviso a navegantes”.
