En un contexto de recursos escasos, desplome en picado de ingresos y enormes tensiones en las finanzas públicas, con una montaña acumulada de deuda, la elaboración de los presupuestos del Gobierno central y los de la Xunta, la gran herramienta para hacer política, no puede trasladar a la ciudadanía el mensaje equivocado. Los del próximo año son más importantes que nunca porque están llamados a elevarse como la palanca para superar con reformas la monumental debacle de la pandemia. Los del Estado ya están lanzados tras pactar con los independentistas de Bildu y ERC. Convertirlos en el resultado de un zoco de tahúres, una llave de rondón para la cerradura de la estabilidad parlamentaria o una subasta de deseos territoriales los pervierte. Cuando los intereses particulares priman sobre el bien general, quiebra la convivencia.

Vivimos en España en la exaltación del victimismo. Quienes dan batalla presentándose como oprimidos o discriminados por cualquier causa, ya sutil o ficticia, pretenden obtener el reconocimiento de un estatus por encima del resto. Buscan así la satisfacción inmediata a sus demandas y promueven una moralidad superior para obtener privilegios que disfrazan de derechos ancestrales. Este discurso, cuando se exacerba en cualquier ámbito, fracciona la sociedad, la atomiza. El reparto de los dineros, los presupuestos, constituye el caldo de cultivo ideal para que aflore este tipo de tensiones. Están a punto de aprobarse los del Estado y en plena tramitación los de la Xunta. Elaborar unas cuentas es siempre complejo. La tarea precisa de buen sentido, mucha inteligencia, trato justo y vocación de ejemplaridad. No hace falta gastar sin límite. Hace falta gastar mejor.

Esta subasta del agravio siempre existió. En la deriva populista de la actividad pública y su pérdida de referencias, emerge con descaro. Donde antes se guardaban las apariencias y mimaban las formas, ahora, al mandar para los suyos, surgen los alardes. Por el voto a favor de la ley Celáa y del Presupuesto, el PNV presume de haber obtenido, entre otros, millonarios planes ferroviarios, mientras aquí seguimos esperando desde tiempos lejanos por la conexión directa del AVE con Vigo y su área, la más poblada de Galicia, y por la salida sur, que continúan sin fecha. Por lo mismo, ERC exhibe concesiones económicas y medidas contra la fiscalidad madrileña. Los independentistas y su ley del embudo quedan en evidencia. Ahora reclaman Estado, su bestia, para armonizar impuestos. Resulta peculiar que en la jerigonza de la gobernanza imperante armonizar signifique subir tributos, nunca disminuirlos.

"Los presupuestos y los fondos europeos deben garantizar la viabilidad de los territorios haciéndolos competitivos, promoviendo lo transformador y barriendo lo improductivo"

Para conseguir algo hay que saber lo que se quiere, acopiar buenas ideas, argumentarlas con criterio y exponerlas con convicción. ¿Qué Galicia estamos construyendo? Es esencial para ello además de fijar líneas estratégicas y objetivos concretos, que las administraciones conjuntamente apuesten de verdad por ellos. La sanidad y la educación ya eran prioridad antigua. Hay que acompasar las transiciones en marcha para hacer menos vulnerable a la industria. Hay que apuntalar los sectores estratégicos. Reforzar lo que tenemos si es eficiente y competitivo y a la vez diversificar el tejido productico con empresas biosanitarias, nanotecnología, inteligencia artificial o conectividad. No existe un fisco volcado al servicio de la inversión y la innovación, ni un sistema de ciencia eficiente que prepare el despegue autonómico.

La prioridad presupuestaria estatal va a ser el tren de cercanías. Una apuesta inobjetable. A ver en nuestro territorio cómo se materializa y si acaba por ralentizar aún más el Corredor Atlántico de mercancías porque la comunidad cuenta con urgencias que llevan décadas de retraso y vuelven a quedarse en el tintero. Mientras Ábalos prioriza el Corredor del Mediterráneo en 2025, el del Noroeste sigue sin proyecto, fondos, ni fechas. Mientras Portugal da prioridad a la alta velocidad Lisboa-Oporto-Vigo, en España la conexión con el país vecino sigue relegada desde los tiempos de Aznar. La inversión cae en Galicia un 11%, la más baja de los últimos 15 años. Lo justifica el Gobierno alegando que se necesitan recursos para otras autonomías ahora que las obras del AVE gallego están en su recta final, cuando no es así. Porque la alta velocidad no estará completa hasta que conecte con Vigo y su área, y se corrija el oprobio cometido por los gobiernos autonómicos y central de dejar sin servicio directo a los 600.000 gallegos que residen en la mayor conurbación de Galicia. Se destinarán 55 millones a bonificar algunos de los viajes de la AP-9, que todavía deberán desarrollarse en reales decretos, y se suprimirá el peaje Vigo-Redondela. Habrá que esperar a comprobar su plasmación para que no sean de nuevo meras promesas.

Del lado de acá, las cuentas de la Xunta tendrán un techo histórico de gasto y alcanzarán por primera vez los 11.564 millones de euros, el mayor de su historia. Por lo que ha trascendido del proyecto, van a colocar el acento, cómo no, en lo social, con un incremento de un 11% del gasto para combatir la pandemia, 900 millones más. El Gobierno gallego elevará un 53% la inversión pública hasta los 2.502 millones y saca pecho con su planteamiento económico y con la estabilidad que, a su juicio, diferencia a Galicia del escenario estatal. Para la oposición, son más de lo mismo y una oportunidad perdida para impulsar la reactivación.

Los fondos de la UE vienen de camino. Deben garantizar la viabilidad de este país haciéndolo competitivo, promover lo transformador y barrer lo improductivo. Existe una ley universal del aprendizaje según el filósofo José Antonio Marina: “Toda empresa, sociedad, persona o institución que quiera sobrevivir necesita aprender a la misma velocidad que cambia el entorno; y si quiere progresar, a más velocidad”. En el acelerado mundo postcovid que llega, quien no esprinte va a quedar descabalgado. Para hacerlo, en Galicia, en España, no queda otro remedio que soltar lastre y romper con los ejercicios de resistencia encaminados a desincentivar el provecho colectivo. El soberanismo, el populismo, el mercadeo chantajista forman parte de esos viejísimos amarres. No cabe que continúen encontrando cobijo en los presupuestos.