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Joaquín Rábago.

360 grados

Joaquín Rábago

De la enseñanza en un país en teoría aconfesional

Nada más agotador y frustrante para un Gobierno que tener que perder tanto tiempo en desmentir las falsedades que propaga continuamente una oposición que te sigue considerando ilegítimo.

Son tácticas de desinformación similares a las utilizadas continuamente desde el poder por el Partido Republicano de EE UU y que aquí ha sabido aprender rápidamente nuestra cada vez más trumpiana derecha.

Se tergiversa la realidad, se crea un relato paralelo, que recogen luego los medios de comunicación afines y que inunda al mismo tiempo las redes sociales, donde, al igual que en determinadas tertulias, solo se escupe odio hasta convertir la atmósfera en casi irrespirable.

Lo estamos viendo ahora con motivo de la nueva ley de educación, aprobada por una mayoría de partidos, que debe sustituir a la impuesta por el Partido Popular en una época de grandes corrupciones, todavía en parte por juzgar, gracias a su entonces aplastante mayoría.

Se acusa así al Gobierno del PSOE y Unidas/Podemos de pretender solo acabar con una institución como es la escuela concertada, es decir la de una empresa privada –o la propia Iglesia–, pero que recibe anualmente subvenciones públicas para funcionar.

Y se olvida demasiado fácilmente que ese híbrido, en el que nuestra Iglesia católica tiene una enorme participación –le pertenecen hasta un 70 por ciento de ese tipo de centros–, se creó en su día por la imposibilidad de que la pública atendiera las necesidades de toda la población escolar.

Se habla de la libertad de elección de los padres, que pueden optar por mandar a sus hijos a un centro público o privado, sin que nadie les niegue ese derecho, aunque sí la obligación del Estado a sufragar escuelas donde se discrimine a los alumnos en razón, por ejemplo, de su sexo.

Si fue al principio una necesidad obligada por las circunstancias, la escuela concertada se ha convertido mientras tanto en un opulento negocio de 6.000 millones de euros anuales, y la Iglesia y las empresas privadas que se dedican a ella no quieren por supuesto renunciar a tan pingües beneficios.

En la acalorada polémica surgida en torno al futuro de ese modelo, las derechas de cualquier signo –la vasca, la catalana o la centralista– forman piña. Saben donde están sus intereses, que consisten en mantener determinados privilegios.

Se acusa, por otro lado, al Gobierno de querer acabar con la educación especial cuando de lo que ése trata es de habilitar los recursos para que los escolares discapacitados no sufran por ello discriminación y puedan acudir como los demás alumnos a las escuelas normales, donde se les prestará la debida atención.

La ley es clara al respecto: “Se incrementarán los recursos para poder escolarizar a los alumnos en centros ordinarios” y se procurará que en diez años “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para atender en las mejores condiciones a los alumnos con discapacidades”.

No es otra cosa que lo que viene reclamando desde hace tiempo a nuestro país el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero aquí no se trata de reconocer lo obvio sino de confundir y desgastar como sea al Gobierno.

Por cierto, ¿es de recibo que, pese a la aconfesionalidad que proclama el Estado, la Iglesia aproveche las escuelas concertadas para seguir con su adoctrinamiento? ¿Tan insegura está de lo que predica que trata de influir cuanto antes en las jóvenes mentes?

Habría que recordar, como el otro día hacía en eldiario.es el profesor de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo que los acuerdos con la Santa Sede, todavía en vigor, los negoció un Gobierno preconstitucional y sin la participación de las Cortes, que estaban aprobando a la sazón la nueva Constitución.

Es decir que se introdujeron, por así decirlo, de matute en el ordenamiento constitucional. ¿No es hora ya de revisarlos?

Y por último, ¿no resulta cínico que quienes tan ruidosamente protestan por la eliminación del castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña no pongan el mismo empeño en defender a la lengua de todos los españoles frente al inglés en cualquier parte de España?

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