Uno de los datos interesantes, pero hasta ahora desconocidos en todo o en parte, acerca de la crisis de Alcoa en Lugo, sería el relativo a las garantías establecidas por el Estado a la empresa acerca de su permanencia en España. Si es que hubo o hay alguna acompañando a las ayudas que con cargo a fondos públicos animaron a la multinacional a instalarse en Galicia. Y ya en pleno lío y con los trabajadores en la calle, tampoco estorbaría conocer el importe total de las ayudas.
Conste, en este punto, que no deberían existir dificultades mayores dado que la transparencia ha sido un compromiso reiterado por los últimos Gobiernos de España, los competentes para abordar este tipo de cuestiones por desagradables o incómodas que sean. Y la que refiere a la alumínica lucense es las dos cosas, aparte de dañina para toda una comarca y, por ello, lesiva para Galicia toda. Donde pocos explican por qué pasa lo que pasa mientras quienes lo padecen de lleno son cientos de familias que allí habitan y donde se ganaban el pan.
Viene a cuento, esta especie de requisitoria –formulada desde luego con el mínimo de acritud posible– la otra noticia, referida a la empresa Alu Ibérica, sobre la cual le ha reclamado la Xunta al Gobierno una auditoría. Y como el horno industrial no está aquí para bollos, sería estupendo que además de la petición, se proporcionase información sobre si el Ejecutivo gallego teme otro “pinchazo” o peor aún, una nueva fuga camuflada con a saber qué tipo de excusa y/o disculpa. No vaya a ser que el país y su paisanaje se entere cuando ya no exista remedio.
En este punto, y antes de que alguien se decida a responder, y por si lo hace en ese lenguaje tan oficial que hace ininteligible el contenido de los mensajes, proceden dos matices. Uno, que la pregunta que se formula es sobre todo al Gobierno central, aunque como la que levantó la liebre sobre las cuestiones de la electricidad y el aluminio fue el gallego y hace mucho, puede apuntarse a los detalles el señor vicepresidente de la Xunta para asuntos económicos. Que es de fiar, y no como otros que, desde Madrid y Minneapolis, tienen vela en este entierro. Con perdón.
Por si alguna duda quedase acerca de la buena intención que preside cuanto se expone, no estorba recordar que todo depende –dijeron tanto los afectados como los “afectantes”–, de un estatuto para los grandes consumidores de energía eléctrica en los procesos de producción industrial. Parece que las tarifas aquí son mucho más caras que en Francia o el resto de Europa, lo que lo hace misterioso es el interés de los que aquí vinieron, y más aún que hubieran aguantado tanto tiempo: de ahí lo de las ayudas y de su incógnita. Que se une a otra: si el presidente Sánchez –por dos veces– y la ministra –por algunas más– prometieron el famoso estatuto, ¿por qué ya ni se habla de él? Y, de paso, cualquier día, habrá que recordar que el proyecto de Alcoa iba acompañado de una central nuclear en Xove que ni siquiera se planteo. No es el momento de reabrir ese melón, pero las tarifas eléctricas no responden tanto a una causa real siquiera parcial de tarifas como a un pacto entre las multinacionales del aluminio para sostener el precio de su mercancía en el mercado.
¿No…?
