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Enrique López Veiga

La funcionarización de la política y la expulsión del sector privado

A menudo nos preguntamos cómo se ha podido llegar en España a un sistema administrativo tan poco ágil, tan lento y espeso que a todas vistas constituye un serio freno a la inversión. Lo que voy a exponer no supone de ninguna manera desconsideración hacia el funcionariado que es absolutamente necesario en todo estado moderno. Recuerdo muy bien las discusiones habidas durante la transición sobre el papel y régimen de nuestros representantes en las Cortes Generales. Repasen la hemeroteca y verán cómo se decidió que diputados y senadores debían tener una remuneración digna pero que deberían tener dedicación exclusiva. Esto es lo que ha prevalecido finalmente y ha tenido como consecuencia la expulsión “de facto” de los posibles representantes provenientes del sector privado de estas instituciones. En primer lugar y a diferencia de lo que mucha gente piensa, una persona que tenga un cargo de cierta responsabilidad en la empresa privada gana bastante más que como diputado o senador.

En segundo lugar, en realidad no existe un régimen de excedencia que garantice a una persona que provenga del sector privado de la economía recupere su puesto de trabajo una vez que cese en su condición de miembro de las cortes generales. Esto no es de índole menor, y el resultado es que paulatinamente han casi desaparecido los políticos que tengan una vida activa en la empresa privada. Por el contrario, para los funcionarios o asimilados es muy sencillo el pase a la actividad política: tienen una excedencia especial, se le garantiza el retorno a su puesto de trabajo y puede incluso consolidar su nivel o incluso consolidar el nivel máximo. No critico eso que me parece bien, pero simplemente señalo que nada de eso es posible para alguien que trabaje en el sector privado y eso es injusto y desequilibrante. El resultado práctico es que el espíritu propio del funcionariado (de todos los países) con tendencia hacia los trámites interminables y a la complejidad administrativa se ha ido apoderando de la estructura administrativa española restando agilidad y desincentivando mucho la atracción de la inversión en nuestro país. Somos muy dados a criticar a la clase política pero quizá se necesita un ejercicio serio de reflexión sobre el papel de la política y de la democracia en nuestras vidas: la política es un servicio y no es ni debe de ser una profesión, requiere vocación de servicio y la convicción de que todos tenemos que aportar lo necesario por mejorar la sociedad en que vivimos. Representar a los españoles es un derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Española: “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”. Las Cortes Españolas deberían de asegurar una representación equilibrada de la población, no solo en materia de género, sino que también debería de existir un equilibrio entre aquellos que provienen del sector público y los del privado, que es mayoritario en España. Hoy en día no es así y por eso predomina un ambiente funcionarial entre la clase política y se priva de las importantes aportaciones que podrían hacer aquellas personas que vinieran del sector privado de la Economía. Estoy convencido de que es urgente que corregir esto, asegurando la igualdad de derechos de todos aquellos que provienen de ambos sectores. De esta manera se aportaría aire fresco al sistema, se elaboraría una normativa más ágil y se racionalizaría el gasto público. Hagamos posible y facilitemos la entrada real del sector privado en la política; entrará aire fresco en el sistema.

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