A la vista de lo que acaba de publicar este periódico sobre la situación de la hostelería gallega, parece confirmarse la tesis de que será preciso modificar el orden de prioridades de cara al futuro. Y aunque lo parezca, el cambio no será solo de palabras sino también de conceptos: hasta ahora se habla de planes de reconstrucción pero la evidencia demuestra que antes habrán de elaborarse los que impidan la destrucción total –o casi– en sectores estratégicos. Y dado que el turístico/hostelero lo es, como el del comercio en general, resulta urgente ponerse a ello.
Dicho eso, que como siempre es opinión personal, resulta inaplazable otra más: la de que endosar la plena responsabilidad –aparte de al virus, claro– a los gobiernos, empieza a sonar más a excusa que a un argumento convincente. Es obvio que diecisiete políticas sanitarias en España son un disparate, y que en eso Moncloa es culpable, pero el factor humano contribuye a la catástrofe. Cada individuo que de forma voluntaria incumple las normas se convierte en una bomba vírica difícil de detectar e incluso de controlar. Y lo de las multas no funciona: hace falta más contundencia y mayor proporcionalidad.
Es obvio que la gran mayoría de la sociedad gallega y española atiende las instrucciones, incluso a pesar de que muchas veces resultan confusas o contradictorias. Y también lo es que muchos de los que contagian y transmiten el coronavirus lo hacen de forma involuntaria, pero objetivamente son un riesgo: de ahí el aislamiento doméstico y/o perimetral que afecta a todo un colectivo, enfermo o sano. Y también a sectores económicos completos, tanto más vulnerables a la destrucción cuanto mayor es su dependencia del público. O sea, la hostelería y colaterales.
Por eso los hosteleros salen a la calle y reclaman no solo ayudas puntuales, sino un plan de rescate. Y por eso denuncian que en el sector están pagando justos por pecadores: los que aceptan “fiestas” y provocan la alarma social son minoría, pero las repercusiones negativas llegan a todos. Incluidos los que han invertido un dinero que a veces no tenían para cumplir a rajatabla las normas y ahora se encuentran atrapados igual que los que no lo han hecho. Y hay un punto de injusticia en todo ello cuya reparación requiere recursos, talante y además talento.
Pese a que no parecería necesario explicar lo de los recursos, quizá no estorbe alguna reflexión. Verbigratia, que la indigencia intelectual de varios de los que deciden hace que equiparen a autónomos como empresarios antes que trabajadores, y eso perjudica al sector hostelero y afines más que a otros: es preciso talento para distinguir, y no casposo sectarismo. También talante para asumir que no todo el mundo es bueno, y que hay que aplicar a los irresponsables la sanción –efectiva– que merezca, incluidos los clientes. De ahí que proceda recordar a Juana Inés de la Cruz –“¿quién es más pecador, el que peca por la paga o el que paga por pecar?”– y referir, adaptándolos a la hostelería, sus versos. Para que la Justicia otorgue a cada uno lo que le corresponda.
¿O no…?
