La connivencia pasiva de quienes discrepan en silencio, reflejo de falta de visión para atisbar una operación en marcha, la feudalización del Estado, favorece a los que parecen tener como fin eternizarse en el poder.
Los partidos de la investidura, en su acerico de “gestos” para apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), y con ello, la permanencia en el poder del solícito repartidor –pídeme lo que quieras– exigen contraprestaciones y como atestiguan sus logros, lo van consiguiendo.
El interrumpido intento de menoscabar la independencia del Poder Judicial; la delegación, por el Estado, de la gestión del estado de alarma a las regiones; la supresión del castellano como lengua vehicular; el cepillado de la escuela concertada y la educación especial; la modificación del código penal para facilitar indultos por delitos de sedición; el montaje de un “comité de la verdad” para vigilar a los medios, tienen que ver con sacar adelante, como sea, las cuentas del Gobierno de coalición, que muestra mejor predisposición a hacer concesiones a los partidos que votaron a favor de la moción de censura.
La independencia judicial y el respeto al Estado de derecho. La bulimia nacionalista en su carrera, cada vez menos camuflada, a la independencia; los compromisos adquiridos, en los que se fundamentó la moción de censura y la alianza de Gobierno, sobrevenida ante los malos resultados de los coaligados, están en el origen y son el soporte de una inminencia en progresión, que atañe al Estado de derecho.
Pendiente de ratificación por los 27 Estados miembros y el pleno del Parlamento Europeo, el acuerdo alcanzado entre las instituciones comunitarias sobre un mecanismo que vincule la concesión de fondos a acatar el Estado de derecho, trata de proteger los valores de la UE, al permitir que se deje de financiar a gobiernos “cuando afecte o amenace seriamente a la gestión razonable del presupuesto de la UE”.
La factoría de la Cuesta de las Perdices ha prestado oídos a los reparos de la Comisión –el tío Paco con la rebaja– a propósito de la independencia del Poder Judicial, urgiendo a negociar un acuerdo con la oposición para renovar el órgano rector.
La extensión de la pandemia y la gestión de la alarma. En el estado democrático, la soberanía reside en el pueblo, cuyo poder le presta soporte directo, de manera que esas decisiones son indelegables y no puede aprobarlas el Parlamento sin negarse a sí mismo.
Cuando se desplazan o fraccionan decisiones fundamentales que se adoptan en situaciones excepcionales, lo que en realidad se está haciendo es despojar a los ciudadanos del ejercicio de sus competencias más propias, dispersando la soberanía que les pertenece.
Cabe añadir el desplazamiento de la competencia y, por tanto, la responsabilidad de su ejercicio, con objeto de zafarse del presumible coste electoral.
Al impedir el libre tránsito de los españoles por su país, a voluntad de las regiones, esa delegación implica la creación de barreras interiores, “fronteras imaginarias” y, lo que es peor, dejando su gestión al arbitrio de las CC AA.
La supresión del español como lengua vehicular. Arrinconar al español es una claudicación simbólica de trascendencia extraordinaria. No por ello deja de ser un brindis al sol porque, desde los años 80, la maquinaria estaba en marcha, al pasarse los gobiernos catalanes por el arco del triunfo, el artículo 3 de la Constitución: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.
En esta enésima ley educativa, supuestamente destinada a regular el funcionamiento de la enseñanza, late un trasfondo político, al institucionalizar una situación injusta y se convierte en la prueba del algodón de cómo un gobierno tiene que arrastrarse detrás de un grupo que no hace tanto tiempo se atrevió a zarandear, sin éxito, la Constitución.
El español ya no es lengua “vehicular” en Cataluña. La retirada de la mención al español, como lengua oficial del Estado, es una de las originalidades que incorpora este nuevo intento sin consenso. Se ha perpetuado el modelo de inmersión obligatoria en catalán. Lo que permanece es una cierta hipocresía institucional. A partir de ahora, la banalización del idioma, discriminando al español, se hará de acuerdo con la ley.
Quizá se trate simplemente del regate de alguien que busca ponerse una medalla, con la vista puesta en las próximas elecciones catalanas. Y, de paso, puede servir para apartar de la mesa que cocina las cuentas, a un partido que sigue buscando su identidad.
Cela (no confundir con Celaá) decía: “El castellano es el bellísimo español que se habla en Castilla”. La batalla se perdió cuando la Constitución denominó “castellano” a la lengua española.
Pero hay más carne en la plancha: la libertad de los padres para elegir el modelo de educación de sus hijos. La supresión de la educación especial. La eliminación de los colegios concertados que separen a los niños por sexos (modelo que el Constitucional avala). Los infaustos aprobados generales, tan disuasorios del esfuerzo. La introducción de la Cultura de las Religiones, una alternativa laica a la asignatura de Religión.
La creación de un “comité de la verdad”. Tras el anuncio de la Ley de Memoria Democrática, monopolio de la verdad oficial, y a través de una simple orden ministerial publicada en el BOE, se pretende limitar el derecho a la información, lo que equivale a imponer una censura con control presidencial, que se ocupará de quien se atreva a contradecir o informar sobre aquello que el Gobierno considere falso.
Con la fiscalía resistiéndose a investigar la prostitución de menores en centros de tutela en Mallorca o TV3 sembrando inquina sin cuartel, uno podría tener la impresión de que se trata de un mecanismo para investigar a desafectos y acosarlos.
La neutralidad del Ministerio Público, cuestionada, contribuye a mermar la independencia judicial; las cesiones a quienes socavan el imperio de la ley; el recurso al estado de alarma con efectos inmediatos sobre derechos y libertades y el postrero intento de censurar la información, son indicios evidentes de una deriva que aflige al Estado de derecho.
Un sistema clientelar que afecta a concesiones públicas de importancia política, como la prensa y la enseñanza, ha provocado recelos en las instituciones europeas, atentas a evitar que se comprometan derechos fundamentales, básicos del sistema democrático, como la libertad de información, de opinión y de expresión.
La reacción de los silentes pasivos podría ayudar a hacer más difícil la ocupación del Estado por los partidos en el poder. Junto a este menester, queda el arrojo de la prensa libre y la vigilancia de quien paga la cuenta, la Unión Europea.
