Uno no puede estar más de acuerdo con la valoración que hace esta semana en un comentario editorial el semanario alemán “Der Spiegel” de la Política Agrícola Común de la Unión Europea, de la que dice que es un auténtico “desastre” desde el punto de vista de la defensa del medio ambiente, objetivo al que se han comprometido, sin embargo, los Gobiernos europeos. Muy dada últimamente a las hipérboles, la presidente de la Comisión, la cristianodemócrata alemana Ursula von der Leyen, llegó a comparar el “Green Deal” (‘Acuerdo Verde’), es decir, el conjunto de iniciativas para convertir a Europa en el primer continente “climáticamente neutro” para mediados de siglo, nada menos que con la llegada del hombre a la luna.
Durante dos días, los ministros de Agricultura de los Veintisiete negociaron los próximos pasos a dar para lograr tal objetivo bajo la presidencia de Julia Klöckner, quien, para no ser menos que su compatriota y correligionaria Von der Leyen, habló de que lo decidido representaba un “cambio de sistema” en ese sector clave. Más bien debió haber hablado de un “fallo sistemático”, escribe el semanario, que llama la atención sobre el hecho de que en los siete próximos años irán a la agricultura europea 387.000 millones de euros, es decir cerca del 40 por ciento del presupuesto total de la UE.
El problema, denunciado una y otra vez por los ecologistas, es que, más o menos que ha venido ocurriendo hasta ahora, para el reparto de ese dinero no se tendrá en cuenta de modo prioritario la compatibilidad de las explotaciones con los requerimientos medioambientales, sino la superficie que ocupan. Lo cual significa que una vez más saldrán beneficiados no los pequeños agricultores, los que viven solo de lo que producen, sino la agroindustria, las grandes explotaciones que recurren de modo abusivo a los pesticidas en busca sólo del máximo rendimiento sin que parezcan importarles demasiado sus consecuencias para el medio ambiente y los consumidores.
Ocurre que sólo una parte de esas ayudas irán a quienes cumplan escrupulosamente el reglamento de la UE para la producción ecológica: un 20 por ciento del total, según han propuesto los ministros del sector frente al 30 por ciento que desea el Europarlamento. Sin que, para colmo, como critica “Der Spiegel,” se sepa exactamente cuáles vayan a ser esas reglas. Cada Estado podrá tomar sus propias decisiones al respecto de modo que aquéllos que se muestren más laxos a la hora de exigir su cumplimiento estarán dando una ventaja competitiva a los así subvencionados frente al resto de los agricultores dentro incluso del mismo país.
Ocurre, por otro lado, que la agricultura va ya muy por detrás de otros sectores en materia de protección medioambiental: mientras que los demás han ido reduciendo sus emisiones de CO2, los agricultores europeos no han logrado apenas avances desde hace veinte años: la agricultura contribuye en más de un diez por ciento en el conjunto de la UE a las emisiones de efecto invernadero generadas por las distintas industrias.
De aquí a fin de años, los países miembros, el Parlamento europeo y la Comisión han de llegar a un acuerdo sobre cuál deba ser el presupuesto definitivo para el sector. Y el Parlamento ha descafeinado los ya de por sí débiles planes de reforma de la Comisión, critica el semanario alemán. Ello no debe sorprender si tenemos en cuenta que en el comité agrícola de esa cámara se sientan propietarios de explotaciones agrícolas que solo se ocupan de defender sus intereses, ayudados en muchos casos por los propios ministros del ramo. Entre ellos está la cristianodemócrata alemana Julia Klöckner, a la que se ha criticado con frecuencia por anteponer los intereses de la agroindustria a la defensa del medio ambiente.
