A las grandes empresas de Galicia se les está exigiendo desde las administraciones públicas un acto de fe en medio de la indefinición que rodea dos asuntos trascendentales para la viabilidad del corazón industrial de la región: el nuevo estatuto electrointensivo, que podría aprobarse este mes según prevé el Gobierno de la nación tras sucesivos retrasos y cuyo primer borrador no cumplía las expectativas gallegas, y los fondos europeos para contribuir a la transición energética y a la reparación de los daños económicos y sociales provocados por la crisis del coronavirus. Oxígeno imprescindible para una recuperación que será larga y dura. La Xunta mantiene el pulso con Madrid en defensa de un estatuto más favorable a la gran industria regional consumidora de energía eléctrica sin ver todavía fruto alguno. Urge concretar qué trato recibirá Galicia y, en el caso de que las cosas se tuerzan, cuál es la alternativa.

Hay factores externos que limitan la competitividad de las empresas gallegas en un momento clave en el que han de acometer la transición energética y la transformación digital. Uno de los más importantes es la necesidad de unos precios competitivos en el coste de la energía. De ahí el empeño en reclamar la urgencia de un estatuto electrointensivo, que se retrasa de manera exasperante. El Gobierno de Pedro Sánchez lleva casi dos años anunciando la rebaja del precio de la luz a la industria que más consume, pero el mecanismo que sustituirá al finiquitado servicio de interrumpibilidad no acaba de concretarse y lo que ya se sabe no "sirve de nada" para los afectados.

El Ministerio de Industria reconoce que el estatuto "llegará al máximo de lo que permita la normativa comunitaria". La Xunta, que ha presentado alegaciones, mantiene el pulso frente al Estado en defensa de los intereses de las empresas gallegas aunque sin resultado. Buenas palabras desde el Gobierno central mientras los competidores europeos, las grandes fábricas alemanas y francesas, disponen de remuneraciones que hacen que el coste final de la electricidad sea mucho más barato que en España. Las industrias españolas abonan 48,5 euros por megavatio/hora, frente a los 25,22 de las francesas y los 20,46 de las germanas. Alemania acaba de anunciar nuevas medidas para rebajar aún más el precio de la luz. España, por contra, planea abrir el abanico de beneficiarios de las ayudas eléctricas. Llegarán a mayor número de empresas, pero más pequeñas, primando de esa forma los intereses de regiones como Cataluña o el País Vasco. No puede haber menos dinero del que había y repartir entre seiscientos lo que antes era para cien. Mal pintan las cosas para Galicia cuando más de cuatrocientas de las nuevas beneficiarias serían firmas vascas y catalanas.

Los ingresos de la Agencia Tributaria en Galicia se redujeron de enero a julio un 3,3% respecto al mismo periodo del año anterior, una caída muy inferior a la media del país, que se cifró en el 12%. El buen arranque del año hizo que la comunidad aguantara fuera de los números rojos de la recaudación de Hacienda al comienzo de la crisis. Pero a medida que la pandemia avanzó, el músculo tributario perdió fuerza y ya cae en picado. En el mercado laboral y en el tejido empresarial, el impacto del coronavirus está siendo brutal: más de 800 empresas han echado el cierre. La comunidad tiene hoy el mismo número de empresas que en 2016 y un 20% menos que hace un año. Y las sombras se ciernen sobre los pilares de la industria regional. El tsunami de Alcoa San Cibrao, la última factoría de aluminio privado que queda en España, tras la decisión de la multinacional estadounidense de cerrar la planta y negarse a venderla ni al grupo inglés Liberty House ni al Estado, a través de la SEPI, aboca a Xunta y Gobierno a actuar contundentemente para obligarla a rectificar. Incluso con su intervención pública temporal para una posterior venta si fuera preciso, dado el caso omiso que Alcoa ha hecho hasta ahora a todas las exigencias.

También la situación de Ferroatlántica, Celsa, tan condicionadas por una factura eléctrica cada vez más insostenible, o Alu Ibérica, permanentemente en el filo de la navaja, entre otras, obliga a la Xunta a ponerse aún más las pilas para disipar la grave amenaza. Por desgracia no son las únicas. Afecta en Galicia a muchas otras industrias referentes y a sus auxiliares, que pierden competitividad. Electrointensivas son además de industrias del aluminio, siderúrgicas y metalúrgicas, fabricantes de cementos, papeleras y de transformación de la madera, químicas e incluso conserveras. También la principal compañía del sur de Galicia, el Grupo PSA, está sufriendo en sus carnes las dificultades del mercado eléctrico. Las empresas resisten los primeros embates del temporal, pero empieza a haber vías de agua. Si se resienten ellas, se resiente Galicia. Para reducir burocracia y facilitar la puesta en marcha de planes de ampliación, modernización y transformación, la Xunta ha declarado en su último consello el sector electrointensivo como esencial y estratégico para la comunidad.

La indefinición sobre cómo evolucionará el precio de la luz no invita al optimismo. También el alcance de los proyectos que prepara Galicia para acceder a los multimillonarios fondos europeos para la transición energética será crucial. Aunque lo verdaderamente determinante serán los requisitos que fije Moncloa para distribuir esa ayuda y cómo decantará su reparto final, sin cartas marcadas de antemano. Lo apremiante es que la Xunta, que ya se ha anticipado con tres proyectos tractores para concurrir a las nuevas ayudas de la Unión Europea -una planta de hidrógeno "verde", una de transformación de masa forestal en fibras textiles y otra de purines para generar biogás y fertilizantes, a los que viene de sumar otros cuatro de apoyo- los impulse cuanto antes y movilice con urgencia otros planes empresariales que alcancen el conjunto del territorio, equilibrándolo. La cumbre del viernes con las 60 empresas más importantes de la comunidad va en esa dirección. Lo que se necesita es que, por un lado, se haga todo lo posible para que la comunidad no pierda el tren de unas compensaciones en las que se juega su futuro, y que el Gobierno central no actúe por intereses partidistas que primen planes de unos territorios frente a otros. Porque entre medias, Euskadi ya ha tomado la delantera con un listado de 66 proyectos que remitió al Gobierno con los que aspira a lograr 11.600 millones del fondo de reconstrucción europeo.

La captación de unos fondos proactivos cuyo reparto no puede ser discrecional, sino que han de primar proyectos creativos, tractores y alineados con las nuevas políticas de la UE, resulta primordial para la comunidad. Sin opacidad, en concurrencia competitiva transparente. No hay un minuto que perder. Tan importante como alumbrar iniciativas acordes con el nuevo modelo productivo que propugna Europa es mantener en pie un entramado industrial que además del compromiso firme del conjunto de Galicia, reclama concreción y claridad de quienes gobiernan. Aquí y en Madrid.